El TSJA rechaza paralizar Ciudadanía

El primer intento de parar Educación para la Ciudadanía ha caído en saco roto. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazó ayer suspender cautelarmente la implantación este curso de la asignatura, en respuesta a los recursos interpuestos por cinco padres a los decretos de la Consejería de Educación.

La sala entiende que quien establece la obligatoriedad de la asignatura y su contenido es el ministerio, no la Junta

La resolución señala que los demandantes no acreditan los supuestos perjuicios que atribuyen a la materia

El alto tribunal sostiene que la suspensión habría dañado al inicio de curso de toda Primaria y Secundaria

El tribunal entiende que la Junta no establece la obligación de la materia ni sus contenidos -que competen a la Ley Orgánica de Educación (LOE) y a los decretos estatales-, y sostiene que la paralización de esta disciplina afectaría al inicio de curso de todo el sistema educativo andaluz, ya que los decretos recurridos ordenan en su integridad la enseñanza de Primaria y de Secundaria.

La sala andaluza ha argumentado que no se acredita de manera suficiente los supuestos perjuicios que los demandantes atribuyen a la asignatura, ni ofrecen prueba del pretendido daño.

Las consideraciones de la sala andaluza coinciden en buena parte con las alegaciones presentadas por la Junta, quien manifestó que lo único que había añadido a las ordenanzas del Ministerio de Educación es la determinación de los niveles (5º de Primaria y 3ª de ESO) en los que se va a impartir la materia, como le obliga la LOE. Los servicios jurídicos de la Administración autonómica también habían advertido del perjuicio para el curso escolar en su conjunto y las lesiones a los centros, los padres, los profesores contratados y las editoriales que han elaborado los libros de texto.

Aunque el TSJA no se pronuncia sobre el fondo -la vulneración de los derechos fundamentales, que resolverá cuando se aborde el recurso- la Fiscalía ya rechazó en sus alegaciones la retirada de la asignatura, al considerar que no se lesionan tales derechos, ni afecta al contenido de la libertad religiosa. El ministerio público, que calificó los recursos de "infundados", consideró, por el contrario, que si la suspensión fuera estimada, se habría producido "una grave afectación del interés público general y del derecho a terceros".

El portavoz del grupo de los padres recurrentes, el dirigente local del PP sevillano Carlos Seco Gordillo, expresó su respeto a la decisión del alto tribunal andaluz, si bien puntualizó que las demandas siguen su curso porque el pronunciamiento se refiere únicamente a la suspensión cautelar. Respecto a las críticas que ha recibido por parte de la Consejería de Educación por actuar en nombre de su partido, Seco dijo que su actuación se produce "estrictamente como padre" y negó la existencia de una campaña "orquestada por el PP", como había denunciado la consejera andaluza, Cándida Martínez. También dijo que el parentesco entre los demandantes (se trata de dos hermanos, la esposa de uno de ellos y el cuñado del otro, además de un padre más sin relación familiar) es consecuencia del debate cercano que ha habido sobre el asunto. "Si hubiera seguido el criterio del parentesco habría 200 recursos", dijo Seco.

Según los datos oficiales de Educación, en Andalucía sólo se han registrado hasta ahora 252 solicitudes de objeción de conciencia para eludir la asignatura, frente a las 7.000 que aseguró hace unos días la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos (Concapa). El presidente de esta asociación en Andalucía, Juan María del Pino, precisó ayer que no tienen datos al respecto y que la cifra ofrecida por el presidente de Málaga, Eduardo Caro, era una estimación personal, "basada en la gente que había pedido información y acudido a nuestros congresos". No obstante, Pino aventuró que los escritos "se dispararán este mes de septiembre y pasarán de las 252 que dice la Junta que se han presentado, a miles".

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, señaló ayer que la ley debe ser cumplida por todos, incluso "por la Conferencia Episcopal Española". Bermejo recordó que la objeción de conciencia contra Educación para la Ciudadanía "es intolerable"en una democracia.