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El Tribunal Superior de Justicia de Murcia paraliza la construcción de 4.000 viviendas en un paraje protegido

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha decidido paralizar de forma cautelar la resolución del anterior consejero de Obras Públicas del Gobierno murciano, Joaquín Bascuñana, del PP, que permitía construir en un paraje protegido del municipio murciano de Águilas, conocido como la finca de La Zerrichera, unas 4.000 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos, hoteles y centros comerciales.

La inversión prevista, según explicó uno de los promotores de la iniciativa, Trinitario Casanova Abadía, amigo personal del entonces consejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana, era de 300 millones de euros e iba a generar un millar de empleos.

El consejero de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, Benito Mercader, congeló el proyecto al acceder al cargo, a la espera de realizar un plan de gestión de la zona protegida de La Almenara, en la que está encuadrada la finca que iba a ser urbanizada. No obstante, una decisión del Ejecutivo murciano podría haber reactivado el plan, ahora suspendido judicialmente.

De esta forma, los tres magistrados dan la razón a la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), que solicitó la paralización cautelar de la iniciativa urbanística al impugnar la aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación del Territorio (PGOU) de Águilas que incluía la urbanización de La Zerrichera, y por la que están imputados cinco altos cargos del anterior Ejecutivo murciano, del PP, así como el alcalde, Juan Ramírez, del mismo partido, y uno de los ediles, el único que ha dimitido. Los ecologistas alegaban que, si no se suspendía la resolución que permitía el inicio de las obras, se provocaría "la destrucción de los bienes naturales presentes".

En su auto, los magistrados justifican la paralización de la resolución, alegando que esta "medida cautelar no ocasiona perjuicio alguno al interés general, puesto que por el momento el desarrollo urbanístico está en suspenso en tanto no se apruebe el correspondiente plan de gestión y conservación". Además, agregan, "se aprecian contradicciones con respecto a los contenidos de la declaración de impacto ambiental, lo que permite considerar la posible insuficiencia o disconformidad a derecho de un trámite esencial para la reclasificación de los terrenos".

Por su parte, el consejero Benito Mercader dijo ayer que los jueces "se han hecho eco de la decisión del Gobierno regional de esperar para ejecutar el proyecto urbanístico a la realización de un plan de gestión". Esta aseveración contrasta con las declaraciones del consejero Bascuñana, quien en su momento consideró "compatible urbanísticamente" el cambio del PGOU de Águilas en La Zerrichera, tras una reunión de la Comisión de Coordinación de Política Territorial, que estudió la modificación propuesta por el Ayuntamiento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de septiembre de 2007