La policía cree que Roca "atacó un pilar básico del Estado" al pagar a un juez

Los agentes del grupo de blanqueo de la comisaría provincial de Málaga encargados del caso Malaya consideran en un informe que la relación del ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, y el entonces titular del juzgado de instrucción número 2 de Marbella, Francisco Javier de Urquía, es decir, "los presuntos pagos a una autoridad judicial a cambio de resoluciones favorables" suponen una "cuestión de enorme trascendencia pues ataca a un pilar básico y esencial del Estado de derecho, que en esta ocasión sirve previo pago, a intereses espurios", los de Roca, cerebro de la trama de corrupción marbellí.

Los agentes aseguran en su informe que la investigación pone de manifiesto "el despliegue delictivo de la estructura criminal de Roca" y subrayan que en esta ocasión "se da una vuelta de tuerca" y "se detecta una clara penetración de la organización en un órgano jurisdiccional". En el documento se recogen algunas de las 12 escuchas telefónicas cotejadas ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y se analiza el contrato de compraventa de la vivienda de Urquía hallado en Maras Asesores.

El informe refleja, además, que la policía propuso al juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, la detención de Urquía "al acreditarse la existencia de indicios razonables de comisión delictiva, vinculados al cohecho y la prevaricación". Torres, sin embargo, remitió el informe al TSJA, que abrió un procedimiento judicial en el que imputa a Urquía los citados delitos y a Roca los de cohecho y malversación. El magistrado, suspendido cautelarmente de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial, comparecerá hoy por segunda vez en la sede del TSJA en Granada ante el juez instructor del procedimiento, Miguel Pasquau. El viernes lo hará Juan Antonio Roca.