Guipúzcoa aprueba su Impuesto de Sociedades bajo la incertidumbre de la unidad fiscal

Tras una semana de especulaciones, la Diputación de Guipúzcoa, gobernada en coalición por el PNV y EA, tiene previsto aprobar hoy el proyecto del Impuesto de Sociedades para este territorio, que podría romper la armonización fiscal con Vizcaya y Álava. A la espera de que este mediodía el diputado general, Markel Olano (PNV), y el titular de Hacienda y Finanzas, Pello González (EA), desvelen los detalles de la nueva norma, ayer continuaba la confusión en torno al tipo general y la tabla de deducciones, un desconcierto alimentado por las declaraciones de unos y el silencio de otros.

Olano concluyó ayer por la mañana con el PSE y Aralar su ronda de contactos con los grupos de la oposición para hablar de temas varios, entre ellos el nuevo Impuesto de Sociedades. Pero los encuentros terminaron como empezaron. El diputado general no desveló detalle alguno sobre la nueva norma. Este silencio, a 24 horas de que se presente el texto supuestamente acordado entre el PNV y EA, contribuyó a elevar la incertidumbre sobre su contenido y las dudas sobre si Guipúzcoa romperá o no la unidad fiscal con los otros dos territorios.

Es más, quedó incluso en entredicho si los socios de gobierno tenían realmente cerrado un acuerdo en vísperas de la presentación del proyecto. El secretario general del PSE de Guipúzcoa y portavoz de este partido en las Juntas Generales, Miguel Buen, aseguró al mediodía que Olano reconoció en el encuentro mantenido con él que aún no habían alcanzado un acuerdo. "No saben el tipo general que se va a aprobar y tampoco los apoyos con los que van a contar", subrayó poco después de la reunión. Sin embargo, fuentes de EA en la institución foral afirmaron a primera hora de la tarde que el pacto estaba sellado. El PNV permaneció en silencio.

Aunque todos los partidos destacan la importancia de las deducciones, por encima incluso del tipo general del Impuesto de Sociedades, lo cierto es que el porcentaje máximo de este gravamen se ha convertido en el punto central de discusión pública entre los grupos. El PNV viene defendiendo la armonización con Álava y Vizcaya, donde rige un 28% desde hace meses. Su socio de gobierno, en cambio, apuesta por el 30%, frente al 32,6% actual.

Sea cual sea el tipo general que apruebe finalmente hoy el consejo de diputados, el PNV y EA necesitarán el apoyo de una tercera fuerza para sacar el nuevo Impuesto de Sociedades adelante en las Juntas Generales, ya que no cuentan con mayoría en el parlamento provincial.

Intervención parlamentaria

En este sentido, el portavoz socialista insistió ayer en que su grupo parte de la defensa de un gravamen del 32,5%, si bien estaría dispuesto a apoyar un impuesto nunca inferior al 30% si logra introducir otros aspectos en la negociación. Por eso advirtió a la Diputación, y en especial a EA, que no tiene "garantizado" el respaldo del PSE aunque apruebe el tipo del 30%.

EB y Aralar no ven la necesidad de modificar el gravamen existente, mientras que el PP es partidario también de rebajarlo al 28%. Buen, con cierta ironía, apuntó que si opta por primar la armonización y fijar el tipo general en el 28%, Olano no debe "avergonzarse" de buscar el apoyo del PP, ya que sus votos son "legítimos".

En cualquier caso, se dirigió a quienes apelan a la armonización para decirles que no garantiza "la estabilidad del sistema", porque comunidades limítrofes como La Rioja y Cantabria ya han anunciado que van a recurrir las reformas de Álava y Vizcaya.

Mientras, el secretario de Organización de EA, Rafael Larreina, espera que el tipo del 30% que defiende su partido, unido a la bateria de deducciones que propone, termine aplicándose en los tres territorios. Eso podría ocurrir si Guipúzcoa rompe finalmente la unidad tributaria y el Parlamento decide aplicar por primera la Ley de Armonización fiscal. Y es que, dada la correlación de fuerzas en la cámara, podría perder la apuesta del PNV y el PP.

La portavoz de Aralar, Rebeka Ubera, hizo hincapié en el mismo mensaje que avanzó el viernes. Su grupo no cree preciso bajar el tipo máximo, porque en la práctica las empresas pagan una media del 15,8% gracias a las deducciones. Sí que se mostró dispuesta a negociar las bonificaciones a las empresas que fomenten el empleo de calidad o la contratación femenina.