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COLUMNA

Irresponsabilidad y cabreo

- 1. En Cataluña, la política se ha convertido en una técnica de autoexculpación. Nadie es responsable de nada. Este verano ha sido muy ilustrativo. Infraestructuras básicas para el funcionamiento del país han estallado, incapaces de soportar el aumento exponencial de la demanda en todos los campos, ante el estupor de los ciudadanos y la sorpresa de quienes tendrían que tener perfectamente medidas las necesidades del país. Los que gobernaron durante 23 años y fueron incapaces de preparar el futuro dicen que ellos ya no están. Los que llevan ya cuatro años gobernando dicen que el problema es del pasado y que ellos hacen lo que pueden para repararlo. Y unos y otros coinciden en que toda la culpa es de Madrid. Un run-run de malestar sube desde una ciudadanía que se ha ido acostumbrando a delegar la cosa pública en los políticos como si a ella no le concerniera ni le quedara otro derecho que el pataleo.

Son las adaptaciones al lugar de las actuales hegemonías ideológicas. Efectos colaterales del triunfo del poder económico que ha conseguido imponerse al político como fuente de normatividad social. Cada vez más, el comportamiento de los ciudadanos viene determinado por las exigencias del dinero y no por la lógica de los derechos y los deberes. El ciudadano vive condenado al castigo sisífico del consumismo que garantiza la frustración permanente. La pulsión de consumir no tiene fin ni satisfacción. Cuando nos hacemos con el producto soñado, hemos dejado de soñar en éste para empezar a soñar en otro. Y así, en una espiral sin fin, ni premio. En esta situación no hay espacio para la revuelta, sólo hay lugar para el cabreo. La revuelta, como decía Albert Camus, es un no constructivo que desde el momento de pronunciarse lleva un incorporado. El cabreo se agota en sí mismo. Es un no que acaba en la resignación. En este marco, el político se transforma de representante a chivo expiatorio. El cabeza de turco al que gritar cuando las cosas no funcionan, sea cual sea su grado de responsabilidad. Y éste, incapaz de seguir al poder económico que salta barreras sin que el poder político consiga llegar a tiempo para marcar los límites necesarios, reacciona de una manera doblemente equivocada: desplazando la responsabilidad hacia otros y convirtiendo a la eficiencia en la gestión en promesa principal, transformando así los medios de su acción en los fines de su proyecto político.

- 2. La eficiencia debería ser una obligación, no un mérito o una promesa. Y una obligación referenciada a unos objetivos: eficiencia, ¿para qué? La reducción de la política al mito de la eficiencia es la consecuencia de la traslación de la hegemonía ideológica del dinero al campo de la política. Y, sin embargo, la eficiencia es insuficiente en política porque los fundamentos de la acción humana no son estrictamente racionales y la economía del deseo de las personas y de los pueblos es muy compleja.

Durante mucho tiempo el nacionalismo ha funcionado como promesa, como pasión inútil que disimulaba la resignación de fondo. Hasta que la realidad del país ha emergido en forma de crisis de funcionamiento y se han visto las consecuencias de una política que ha mimado a los pueblos en nombre de la patria y ha olvidado, por ejemplo, las carreteras que deberían trabar el territorio. El nacionalismo dio voz a Cataluña y con ello pareció darse por satisfecho. Ante la acumulación de problemas la moda es otro mito ideológico: la eficiencia, la política centrada en los problemas cotidianos de los ciudadanos que, sin un proyecto que la articule, no quiere decir gran cosa más que dejar y confiar en que las cosas fluyan de la mejor manera. Entre el discurso del nacionalismo y el discurso de la política de lo cotidiano hay, eso sí, un elemento común: la culpa siempre es de Madrid. Y en la medida en que, en parte, es cierto, es una obviedad que mientras la culpa siga siendo de Madrid las cosas seguirán mal.

- 3. Hay pocos ejercicios más inútiles y más indecentes que el discurso de las responsabilidades colectivas, que es la mejor manera de que nadie sea responsable de nada. Cada cual es responsable de sus acciones y omisiones. No voy a entrar en las responsabilidades concretas de los problemas de este verano porque ya lo hice en otro artículo antes de vacaciones y porque me parece que están bastante claras. Pero ahora que empieza una larga campaña electoral y que, como acostumbra a ocurrir en estas circunstancias, la ciudadanía será objeto de todo tipo de halagos, permíteme que me revele contra el discurso -propio de la hegemonía ideológica actual- que presenta al espacio político como un nido de víboras corruptas y a la sociedad como panacea de todas las virtudes.

Los políticos surgen de esta sociedad. Y son los ciudadanos los que les han puesto donde están, aunque sea a través de mecanismos susceptibles de ser sensiblemente mejorados. Como decía Hannah Arendt, el individuo también es responsable de sus obediencias. Y esto vale para todos: para las élites políticas, cuya tendencia a la servidumbre está demostrada, y para la ciudadanía. Y en especial para eso que en Cataluña se llama la sociedad civil, que tanto énfasis recibe en determinados discursos políticos y que tantos piropos merece de los dirigentes que vienen de Madrid. ¿Qué ha hecho la sociedad civil para la modernización de este país? La fuerza de un país no la dan sólo sus representantes políticos, la da el conjunto de la sociedad. Y el nivel de exigencia de ésta es muy determinante del comportamiento de sus dirigentes. El peso de Cataluña en España y en el mundo no es algo que se pueda delegar en los dirigentes políticos. Concierne a todos. La política no es un juego en el que todos nos quitemos las responsabilidades de encima: los ciudadanos hacia los políticos y los políticos hacia Madrid. Lo que se echa de menos es un liderazgo. Y ésta es mi principal recriminación al presidente Maragall. Llegó en el momento idóneo para convocar al país a un proceso real de modernización, con amplia movilización como hizo siendo alcalde de Barcelona. Y prefirió enzarzarse en una batalla estatuaria con las eternas disquisiciones sobre el ser de Cataluña y de España de por medio. Con lo cual se acabaron perdiendo tres años más. ¿Le hubiera seguido el poder económico catalán? No lo sé. El precedente de los juegos no es alentador. La inversión de dinero autóctono fue mínima. Pero, ahora, ya no caben más dilaciones. Que cada cual asuma sus responsabilidades: los políticos y la sociedad civil.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 4 de septiembre de 2007