7.000 objetores contra Ciudadanía

Alrededor de 7.000 familias andaluzas amenazan con denunciar a la Junta ante el Tribunal Constitucional si se les impide llevar a la práctica la objeción de conciencia sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía. Los padres están a la espera de que la Consejería de Educación les responda sobre sus escritos de objeción que, según el presidente en Málaga de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), Eduardo Caro, rozan ya los 7.000. De ellos, según Caro, casi 5.000 se han presentado en Málaga y 2.000 en las otras siete provincias.

La consejera de Educación, Cándida Martínez, firmó a mediados de agosto una orden mediante la que retiraba a las delegaciones provinciales de su departamento las competencias para la resolución de las solicitudes de objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Según esta orden, estas competencias las asume en exclusiva el viceconsejero, Sebastián Cano, "en aras de una necesaria uniformidad resolutoria": aunque las objeciones se presentan ante las delegaciones provinciales, las respuestas se centralizarán desde la Consejería.

Los padres están a la espera de estas resoluciones y muchos de ellos, según el presidente de Concapa en Málaga, acudirán al Constitucional si la Junta no ampara la objeción. "Cuando tengamos las respuestas, si nos son desfavorables, las llevaremos al Tribunal Constitucional", explica Caro. La iniciativa se coordinará desde la sede nacional de Concapa, aunque el recurso al tribunal tiene que ponerlo cada padre de forma individual. Probablemente, el Constitucional los fusionará todos después en un único proceso. "Ya está todo preparado en Madrid para llevarlo en cuanto empiecen a llegar las primeras respuestas", asegura Caro.

Los miembros de Concapa, que integra a alrededor de tres millones de familias en España (49.000 sólo en Málaga), han descartado sumarse al otro procedimiento judicial abierto por padres que se oponen a esta asignatura, que en los centros andaluces empezará a impartirse en tercero de ESO a partir de este curso.

Cinco padres de Sevilla han recurrido ya al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para pedirle que suspenda de forma cautelar el decreto de la Junta que desarrolla la implantación de esta materia a partir del curso que está a punto de comenzar. Carlos Seco Gordillo, el portavoz de estos cinco padres, asegura "tener noticia" de que otros nueve han seguido sus pasos en Málaga y han llevado también la implantación de la asignatura al alto tribunal andaluz.

Uno de los argumentos jurídicos en los que amparan su recurso es que la Junta ha aprobado su desarrollo definitivo después de que los alumnos ya habían sido matriculados en los centros. "Si lo hubiéramos sabido antes, podíamos haber matriculado a nuestros hijos en un centro internacional, que imparte esta asignatura pero incidiendo en valores como la justicia y el respeto", señala Seco.

El recurso de los padres cuestiona también la constitucionalidad del carácter obligatorio de la asignatura. "Defendemos el derecho a formar a nuestros hijos en la moral que deseamos", explica este padre, que se ampara en el artículo 16.1 de la Constitución, que garantiza la "libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades". Según estos padres, la asignatura, especialmente en Andalucía, inculca a los jóvenes "conceptos ideológicos". "En los contenidos mínimos que obliga a enseñar la Junta se habla, por ejemplo, de la superación de los conceptos de masculinidad y feminidad", señala Seco, quien cuestiona otros contenidos de la materia como los referentes a los modelos de familia o a la sexualidad.