La Generalitat suspende el derecho de propiedad de 2.700 viviendas ilegales

La consejería de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña ha suspendido el derecho de propiedad de 2.682 viviendas en Mont-roig del Camp (Tarragona), incluida la del alcalde, del PSC. Miami Playa, el mayor núcleo del municipio, son viviendas, aparcamientos y locales comerciales en primera línea de playa. Pero Miami Playa ocupa la antigua cañada real, que unía Barcelona y Valencia, protegida por ley. Las casas quedan en el limbo y sus propietarios no pueden venderlas, reformarlas o hipotecarlas.

La reforma del planeamiento urbanístico de Mont-roig del Camp ha destapado una situación que el ayuntamiento califica de "esperpéntica".

En este camino, de 4,3 kilómetros de largo y 75 de ancho, en primerísima línea de mar nunca hasta ahora se ha impedido que los promotores hayan aprovechado hasta el último centímetro de suelo.

Sin embargo, la Generalitat instó al ayuntamiento a definir en el nuevo plan urbanístico la existencia de esta cañada real, lo que ha provocado que hoy un propietario que desee vender, reformar o hipotecar su inmueble se encuentre con que el notario le señala que su propiedad, en realidad, no tiene ningún valor.

La ley 3/1995 obliga a la Administración a definir y proteger estos antiguos caminos de tránsito de ganado, de origen medieval. Y esto es lo que aplicó el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat para dar su visto bueno a la revisión del planeamiento urbanístico (POUM), aprobada definitivamente el pasado mes de marzo. Durante las negociaciones del documento, ni Medio Ambiente ni la Comisión de Urbanismo de Tarragona mostraron reserva alguna respecto a este aspecto.

"El anterior POUM aprobado en 1986 no definió esta vía pecuaria", señala el alcalde de Mont-roig del Camp, Francisco Morancho (PSC), uno de los afectados, que asegura no haber visto en la vida a un rebaño circulando por la zona.

En esta zona existen viviendas con más de 40 años de antigüedad. También hay bloques de pisos en construcción. Los vecinos, que de momento no pueden realizar ni obras ni operaciones de compra-venta, se reunieron ayer por la tarde para crear una plataforma de afectados que coordine sus acciones a la que el ayuntamiento da pleno apoyo. "Buscar los culpables a lo largo de la historia no tiene sentido ahora, sino encontrar una solución rápida", señala Morancho. Una delegación de Medio Ambiente y otra del consistorio se reunirán el próximo jueves para abordar posibles soluciones.

La misma ley 3/95 establece también que las administraciones pueden variar el curso de la vía pecuaria, pero con la condición de que el viejo trazado pase a ser de titularidad de la Generalitat. La antigua cañada real no discurre únicamente por Mont-roig del Camp, sino que forma parte de una antigua ruta de ganado entre Barcelona y Valencia, con lo que las progresivas reformas de las normativas urbanísticas de múltiples municipios costeros podrían verse afectadas por el mismo problema.