Bombas y urnas

LOS COCHES-BOMBA explosionados por ETA desde el 24 de agosto deberían suspender al menos las ociosas querellas libradas entre los partidos sobre sus responsabilidades y culpas durante los catorce meses de la tregua rota el 5 de junio por la banda terrorista. De nada vale seguir discutiendo sobre galgos y podencos. Está claro que el presidente Zapatero sobrevaloró la posibilidad de conseguir la rendición condicional de ETA sin pagar ningún precio político a cambio. Los hechos también han desmentido la truculenta acusación del PP según la cual el Gobierno habría traicionado a los muertos pactando en secreto la capitulación del Estado de derecho y la ruptura de la unidad territorial. La obscena utilización de los crímenes de ETA con propósitos electoralistas puede fácilmente volverse contra quien lo intente. Aunque la dialéctica de los puños, las pistolas y los atentados no persiga ya romper las urnas sino sólo influir sobre sus resultados, nadie puede predecir a ciencia cierta la respuesta de los votantes -en apoyo del Gobierno o de la oposición- si ETA emula en los próximos meses a los terroristas del 11-M.

La ofensiva de ETA ensombrece el tramo final de la legislatura, dominado por la incertidumbre acerca de la fecha de las elecciones y la pugna librada por socialistas y populares para conseguir la victoria

También los pronósticos sobre la fecha de las elecciones generales exigen cautela: sólo es seguro que la actual legislatura concluye teóricamente el 1 de abril de 2008. La convocatoria de las legislativas para el segundo domingo de marzo (las vacaciones de pascua comenzarán ocho días después) podría ser adelantada a causa de la negociación presupuestaria o de otro tipo de problemas. Un rasgo históricamente definitorio de los regímenes parlamentarios -a diferencia de los sistemas políticos presidencialistas- es la prerrogativa del jefe del Ejecutivo para disolver las Cámaras y llamar a las urnas: el artículo 115 de la Constitución fija los -escasos- límites de esa práctica en España. Viene siendo usual que el presidente del Gobierno utilice la privilegiada facultad de señalar la fecha de celebración de las elecciones a su conveniencia.

Las encuestas sobre la intención directa de voto han seguido durante la legislatura un ritmo más bien espasmódico: en esas bruscas alternancias los errores del Gobierno y de la oposición parecen haber pesado más que sus aciertos. El último vuelco se produjo después de que Mariano Rajoy desaprovechase el pleno sobre el estado de la nación para explotar la victoria por la mínima del PP en las elecciones municipales del 27 de mayo. A partir de ese debate -claramente ganado por el presidente Zapatero- las cosas no han hecho sino empeorar para los populares. Por si las desgracias fuesen pocas, la inesperada noticia de que Rodrigo Rato -arbitrariamente preterido en 2003 por Aznar como nuevo líder del PP en beneficio de Rajoy- abandona la dirección del Fondo Monetario Internacional y regresa a España en el otoño ha dado pábulo a todo tipo de rumores sobre su eventual reincorporación a la política activa.

Las dimisiones de Jaume Matas y de Josep Piqué como presidentes del partido en Baleares y Cataluña han descabezado a las dos organizaciones. La extemporánea petición del re-electo Miguel Sanz para que Unión del Pueblo Navarro (UPN) -marca en la comunidad foral del PP desde 1991- disponga de un grupo propio en las Cortes Generales amenaza con cuartear la disciplina parlamentaria de los populares. La insistencia del alcalde Madrid en ocupar un puesto destacado de la candidatura de la capital para el Congreso de los Diputados ha sembrado la desazón en el nutrido grupo de sus adversarios (a cuyo frente figura la presidenta de la Comunidad). Manuel Fraga, presidente-fundador del PP, ha declarado que "hay que ir preparando las sucesiones": un ominoso aviso a Mariano Rajoy, que había anunciado previamente su voluntad de seguir al frente del PP incluso si perdiese las legislativas, trasluciendo una moral de derrota digna de los abnegados ciclistas gregarios del pelotón. Sin embargo, el premier laborista Harold Wilson ya sostenía que una semana es mucho tiempo en política: de aquí a las elecciones, en efecto, el Gobierno podría devolver al PP los valiosos regalos y la inapreciable ayuda que ha venido recibiendo de su adversario durante los últimos meses.