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Reportaje:

El "punto débil" de la ley del tabaco

Los locales de más de 100 metros cuadrados tienen, desde hace justo un año, la obligación de acondicionar zonas libres de humo, pero sólo un 40% lo hace adecuadamente

Pablo Linde

Una discoteca sin espacio libre de humos es casi tan fácil de encontrar hoy como hace un año. La diferencia es que desde hace justamente 365 días todos los locales de más de 100 metros cuadrados deberían ser espacios libres de humos o tener una separación adecuada entre ambas zonas. Se cumple el primer aniversario de la obligación de los locales de adaptarse a la ley antitabaco. Pero muchos siguen sin hacerlo. La Comisión Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT) calcula que son menos de la mitad, en torno al 40%. Y algunas comunidades autónomas todavía no han puesto ni una sola multa por los incumplimientos.

La hostelería es lo que la CNPT califica como "el punto débil" de una ley que por lo demás considera "muy positiva". El 80% de sus objetivos están logrados. "Aunque gran parte de los locales regulados cumplen la norma, únicamente 40.000 de los 350.000 establecimientos de hostelería son totalmente libres de humo o están bien compartimentados", aseguraba en un informe de principios de año. Y esta tendencia no ha cambiado, según explica un portavoz.

"Es casi imposible encontrar un local sin humos en muchos pueblos y barrios urbanos. Se ha demostrado de nuevo que las medidas voluntarias de autorregulación no funcionan en los locales de menos de 100 metros, que no están obligados a acondicionar zonas libres de humos", subraya.

La ley entró en vigor el 1 de enero de 2006 y dio ocho meses a los locales para que quedasen acondicionados, un tiempo "suficiente" en opinión de José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad. A partir de ahí, son las comunidades autónomas las responsables hacer inspecciones y aplicar sanciones. Desde 30 euros por fumar en un lugar prohibido hasta 10.000 para los negocios más incumplidores. Pero las multas son apenas unas cuantas decenas en la mayoría de las regiones. Y al menos dos, La Rioja y Murcia, todavía no han hecho efectiva ninguna.

La mayoría de las denuncias corresponden al incumplimiento en función de la superficie del local. Pero una vez que se inicia un expediente, la resolución no es inmediata.

En Andalucía, por ejemplo, se han iniciado 471 expedientes sancionadores y hasta mayo sólo 63 terminaron en multa. Extremadura ha puesto 84, Cataluña 59, Valencia 81. Otras comunidades, como Madrid, no han facilitado datos de sanciones, tan sólo de denuncias, que superan las 700 en este año.

Lo que todavía queda por hacer, según el informe del CNPT, es que las comunidades autónomas asuman sus responsabilidades y tareas de inspección. "Es necesario que quienes incumplan reiteradamente sean sancionados", reclama. Quizá así se conseguiría que encontrar discotecas sin lo espacios libres de humos adecuados no fuese tan fácil.

Dos mujeres fuman en una cafetería.
Dos mujeres fuman en una cafetería.JOAN SÁNCHEZ

Las autonomías rebeldes

Cuatro comunidades autónomas van a su aire con la ley antitabaco. Madrid, La Rioja, Castilla y León y Valencia (todas gobernadas por el PP) han hecho reglamentos menos restrictivos que la norma nacional. Son sobre todo más permisivos con los lugares donde se permite fumar, cosa que el Ministerio de Sanidad considera que es saltarse la propia ley. Todos estos reglamentos están recurridos en los tribunales de las respectivas autonomías, a la espera de una resolución.José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad, espera que la decisión de los tribunales clarifique pronto esta situación, aunque no hay plazos para las sentencias. "Entendemos que se han suavizado las medidas. Llama la atención por ejemplo el caso de Madrid, donde se permite fumar en bodas y la separación de espacios es poco efectiva", explica.El Comité Nacional de prevención del tabaquismo cree "muy lamentable" que algunas comunidades autónomas hayan "caído en la trampa" tendida por las tabacaleras y estén hablando de necesidad de mayor tolerancia en relación con un asunto de protección de salud pública, que "no pretende discriminar a nadie sino proteger la salud de toda la población".Las comunidades pueden desarrollar la ley, pero sin rebajar medidas, según Sanidad.

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Sobre la firma

Pablo Linde
Escribe en EL PAÍS desde 2007 y está especializado en temas sanitarios y de salud. Ha cubierto la pandemia del coronavirus, escrito dos libros y ganado algunos premios en su área. Antes se dedicó varios años al periodismo local en Andalucía.

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