Ibarretxe, erre que erre

El 'lehendakari' no se apea; ni siquiera la seria advertencia del presidente de su partido, Josu Jon Imaz, sobre sus consecuencias le han hecho desistir de su intención de convocar una consulta de tipo soberanista. Tal vez las salidas de tono de sus socios en el tripartito, que han invocado su nombre para atacar a Imaz, le han cortado la retirada. A no ser que ciertas ambigüedades en su comparecencia de ayer ("no sé cuándo, pero se decidirá en Euskadi") signifiquen que mantiene la intención de convocar la consulta, pero no necesariamente durante esta legislatura.

Sus argumentos fueron tres: que se comprometió a dar la palabra a la sociedad vasca; que la presencia de ETA no debe condicionar el cumplimiento de ese compromiso, y que nunca admitirá que el futuro de los vascos se decida en Madrid. La consulta o referéndum fue un eje central del llamado plan Ibarretxe, el cual decayó tras ser rechazado en las Cortes por considerarlo incompatible con los principios constitucionales. El lehendakari lo presentó entonces, de manera plebiscitaria, como programa para las elecciones de 2005: la coalición que encabezaba perdió 140.000 votos y el 12% de sus escaños. Pese a ello, volvió a reiterar el compromiso en el programa de Gobierno suscrito con EA y EB. Pero con dos condiciones, según le recordó Imaz: que sólo se convocaría "en ausencia de violencia", y que lo sometido a consulta sería resultado de un consenso previo.

Ibarretxe rehúye ahora la primera condición alegando que no permitirá que ETA condicione la decisión; pero es evidente que no hay nada parecido a igualdad de condiciones mientras la banda amenace a quienes se oponen a esa consulta, entre otras cosas en defensa de la legalidad. No estamos en el inicio de un proceso constituyente, en el que los límites de la legalidad son imprecisos. Ibarretxe propone algo que es ilegal, y de manera oportunista: después de que el Gobierno, aun considerando que Ibarretxe carecía de competencias para convocar la consulta, derogó la ley que permitía procesarle por hacerlo. La respuesta del lehendakari a la vista está.

Esquiva también la segunda condición, el consenso previo, en contra de lo acordado expresamente por el PNV y también recordado por Imaz este verano: que la reforma del marco estatutario debería contar con un respaldo no inferior al del Estatuto de Gernika, lo que implica un acuerdo que incluya a nacionalistas y no nacionalistas. La idea de que el futuro de Euskadi no se decide en Madrid es un latiguillo que ignora que los vascos llevan tres décadas y 37 elecciones de distinto orden decidiendo de acuerdo con la legalidad. Los de Ibarretxe son argumentos de poco peso y dirigidos contra los del presidente de su partido.