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El Gobierno quiere una presidencia rotatoria para el consorcio de la Copa

Consell y Ayuntamiento de Valencia rechazan la propuesta y dejan sin aprobar los estatutos

Miquel Alberola

El Consorcio Valencia 2007 estuvo presidido por la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá. El consorcio había tenido su origen en tres administraciones gobernadas por el PP y el nuevo Gobierno del PSOE lo dejó tal cual. Pero ahora, atendiendo a la nueva realidad política, quiere que el consorcio para la 33 edición de la Copa del América tenga una presidencia rotatoria y que sea repartida equitativamente a tercios en los dos años que dura el evento. Sin embargo, tanto el Consell como el Ayuntamiento de Valencia se oponen de plano a esta propuesta y apuestan por el modelo anterior.

El Consejo de Ministros destina 42 millones de euros para la competición

La constitución de un nuevo consorcio integrado por las tres administraciones resulta imprescindible para la repetición de la Copa del América en Valencia. A finales de julio la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, dijo que la creación de ese nuevo ente era "una cuestión estrictamente jurídica", sin embargo, también admitía matices políticos. El Gobierno, en una posición considerada "de justicia" y "de equidad" ha exigido al Consell y al Ayuntamiento de Valencia que la presidencia del nuevo consorcio tenga un carácter rotatorio y pueda ser repartida entre las tres administraciones.

La propuesta de reparto presidencial que plantea el Gobierno es por igual, y no toma como base los porcentajes de participación económica de cada administración en el evento, que en la aportación al canon exigido por America's Cup Management (ACM), la empresa que tiene los derechos de la competición, es del 40% al igual que la de la Generalitat frente al 20% del Ayuntamiento. Además, concede al Ayuntamiento la posibilidad de que su presidencia coincida con el punto álgido de las regatas, que es la más vistosa.

"La presidencia rotatoria no afecta a las decisiones, no confiere más poder ni es una cuestión de protagonismo, sino de equidad", explicaron ayer fuentes del Gobierno. Sin embargo, tanto el Ayuntamiento como la Generalitat han rechazado de plano esta propuesta, lo que de momento bloquea la aprobación de los estatutos rectores del Consorcio Valencia 2009 así como su composición. El Consistorio y el Consell apuestan por una presidencia única, como en la anterior edición, y que recaiga de nuevo sobre Rita Barberá.

El nuevo contrato con ACM no se puede firmar sin constituir el nuevo consorcio, pero la ministra matizó que las tres administraciones podían "adoptar compromisos" que garantizaran a los organizadores de la Copa del América el cumplimiento del contrato en las condiciones pactadas, aunque no hubiese sido creado el nuevo consorcio.

El próximo martes 4 de septiembre es la fecha en que debe firmarse el contrato con ACM, por lo que para hacer frente a los compromisos adquiridos, el Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo para autorizar las obligaciones financieras de la Administración General del Estado para la celebración del evento.

El Gobierno aportará 42 millones de euros al Consorcio Valencia 2009 para el pago a la organización del 40% del canon, que es la parte correspondiente a la Administración del Estado.

Una vez que se haya firmado el contrato con la empresa ACM, para lo cual habrá que superar el escollo de la presidencia, y fijados los términos en los que se realizará el contrato, las aportaciones se realizarán en los importes y plazos que se acuerden. Estas aportaciones financieras se harán una vez que dicho consorcio haya sido creado conforme a lo previsto en el convenio de colaboración suscrito el pasado 25 de julio entre las tres administraciones a través de la ministra Salgado, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa Rita Barberá. En tanto se procede a la aprobación de los estatutos rectores del consorcio y a su constitución efectiva, el Gobierno ha autorizado a la ministra Elena Salgado a suscribir el contrato con ACM en nombre de la Administración General del Estado.

Aparte de esta contribución, el Estado también se comprometió, entre otros, a aportar 20 millones de euros para la promoción del evento en televisión, cinco para la promoción turística, dos para un parque de ocio y tres para las ceremonias de los eventos. Asimismo, asumió el compromiso de proporcionar dos patrocinadores españoles que aporten otros 30 millones.

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Sobre la firma

Miquel Alberola
Forma parte de la redacción de EL PAÍS desde 1995, en la que, entre otros cometidos, ha sido corresponsal en el Congreso de los Diputados, el Senado y la Casa del Rey en los años de congestión institucional y moción de censura. Fue delegado del periódico en la Comunidad Valenciana y, antes, subdirector del semanario El Temps.

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