Los sindicatos chilenos mantienen su pulso contra la política económica del Gobierno

La prueba de fuerza de las movilizaciones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) contra las políticas económicas del Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet -se saldó con 750 detenidos, más de 30 heridos y disturbios que persistieron hasta la madrugada de ayer en Santiago- ha situado a los sindicatos como actores de la escena nacional. Pero las centrales no han conseguido abrir un diálogo con las autoridades y empresarios, como ellos esperaban.

La mayor central sindical de Chile expresó su descontento el miércoles con protestas en 30 ciudades. Durante el día, los incidentes entre la policía militarizada de carabineros y los manifestantes se concentraron en el centro de Santiago. El Gobierno quiso impedir el paso de las columnas, integradas por unas 6.000 personas, por la avenida de Alameda, equivalente a la Gran Vía de Madrid, pero quienes protestaban lograron filtrarse e interrumpir el tránsito.

La fuerza pública usó cañones de agua y gases contra los manifestantes, que replicaron arrojando piedras y bloqueando calles, en incidentes hasta el atardecer. Por temor a la violencia nocturna, en las empresas y en la Administración pública se terminó la jornada laboral a media tarde para anticipar el regreso de los trabajadores a sus domicilios.

Durante la noche, y en una tradición que se remonta un cuarto de siglo, a las protestas contra la dictadura, los incidentes se trasladaron a las barriadas periféricas, donde late el descontento por un modelo económico en cuyos beneficios muchos no participan. Grupos de jóvenes manifestantes, pero también delincuentes, quemaron neumáticos, armaron barricadas, cortaron la energía eléctrica, saquearon tiendas y se enfrentaron con la policía. Treinta y tres carabineros resultaron heridos.

Con la movilización, los sindicatos quieren forzar al Gobierno y los empresarios a negociar cambios en las políticas económicas, a las que acusan de neoliberales, y reformas en las condiciones laborales. Aspiran a una mejora en la distribución de los ingresos, una de las más regresivas en América Latina, para participar de la bonanza de una economía que crecerá un 7% este año.

El Gobierno creó en los días previos a la manifestación una comisión para mejorar la equidad social, en la que participan expertos de todos los sectores, pero la CUT decidió no asistir porque quiere un diálogo social tripartito. En una reunión con empresarios mineros, Bachelet recalcó que no permitirá que las demandas sociales se planteen con violencia.