El Gobierno catalán exige a Endesa un plan de inversiones antes del 15 de octubre

A falta de culpables claros sobre el gran apagón de Barcelona, el Gobierno catalán se esmeró ayer en conectar con los ánimos de los consumidores, caldeados y temerosos de que el episodio pueda repetirse. Primero, sacó pecho con Fecsa Endesa, a la que exigió que, antes del próximo 15 de octubre, presente un nuevo plan de inversiones de futuro en Cataluña. Y luego prometió acelerar a septiembre una ley autonómica para la mejora de la calidad del suministro. "Existe la garantía absoluta" de que no habrá nuevo megaapagón, aseguró el consejero de la Vicepresidencia, Josep Lluís Carod Rovira.

La Generalitat no se ha sacado de la manga esta exigencia a Endesa. Se apoya en la Ley del Sector Eléctrico aprobada hace mes y medio, que amplía el margen de maniobra de las autonomías frente a las compañías. Esta norma establece en su artículo 51 que los titulares de redes de distribución de energía eléctrica -en este caso, Endesa- deberán presentar planes de inversión anuales a las comunidades en las que vayan invertir "antes del 15 de octubre de cada año". Como mínimo, estos planes deberán incluir los datos de los proyectos, sus principales características, presupuesto y calendario de ejecución.

Carod, que lanzó la exigencia a Endesa tras la reunión del núcleo del Ejecutivo de José Montilla para planear la operación retorno y la situación de las infraestructuras, insistió en que el plan de inversión de Endesa deberá incluir "todos los recursos de mantenimiento para garantizar el servicio". Además, ayer se reunió por primera vez el centro de coordinación de operación ferroviaria, en la que participó el secretario de Estado de Infarestructuras, Víctor Morlán, con representantes autonómicos y municipales, para mejorar el servicio de cercanías.

El consejero de Economía, Antoni Castells, responsable de Energía, ha dicho públicamente que considera "insuficientes" las inversiones de Endesa en esta comunidad.

Según el presidente de Endesa, Manuel Pizarro, su empresa destinó a Cataluña 5.229 millones de euros entre 2002 y 2006, de los que 2.794 millones fueron a instalaciones de generación y distribución de electricidad y 2.435 millones a mantenimiento, operación y personal. El promedio invertido en la comunidad en este periodo se disparó un 128% respecto al periodo 1981-2001. Y Pizarro ha espetado que Cataluña se ha llevado el 40% de la inversión en distribución desde 2002, cuando sólo le ha aportado el 22% a su beneficio.

Las promesas de Pizarro

Pero cuando la oposición le apretó en el Parlamento catalán, Pizarro culpó a Red Eléctrica del apagón, pero también hizo promesas: "Falta invertir lo que no se había invertido anteriormente, y no protesto. Me encuentro con lo que hay, uno lo cambia y se acabó, en la medida que puede". Pero advirtió: "No podemos tener calidad alemana y precio tercermundista. Habrá que pagar lo que vale la red".

Pese a la psicosis (que el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, aumentó el pasado jueves al advertir de que hay "riesgos" de nuevos apagones cuando la demanda crezca en septiembre por el regreso de las vacaciones) sólo 15.000 abonados han reclamado a Endesa. La Generalitat hará campaña para recordar los derechos del consumidor.

En su intento por explicar que no está de brazos cruzados, el Departamento de Economía ha acelerado la nueva ley de calidad eléctrica catalana, que se decidió elaborar a raíz de la mencionada ley estatal del pasado julio. Ésta remite a los Estatutos de autonomía de las comunidades al abordar las competencias de autorización, inspección y sanción a las empresas.

El Estatuto catalán declara que las competencias en energía son compartidas con el Estado, pero en su artículo 133 atribuye a la Generalitat competencias sobre autorizaciones, inspecciones y controles sobre todas las instalaciones energéticas existentes en Cataluña, y le da poder para desplegar normas de calidad del servicio. El consejero Castells ha admitido que no ha habido suficientes controles por parte de la Generalitat. Economía explicó ayer que la nueva ley se regirá por el principio de que las subestaciones eléctricas deban estar conectadas entre sí de modo que, si falla una de ellas, todos los abonados que cubre dicha instalación no se queden sin luz, sino que puedan alimentarse del resto de subestaciones (una red en malla).