La crisis política en Bolivia deriva en la suspensión de la Asamblea Constituyente

Las discrepancias entre el Gobierno boliviano y la oposición han sumido en sendas crisis al Congreso y a la Asamblea Constituyente. En el primer caso, la decisión del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) de abrir un juicio político a cuatro miembros del Tribunal Constitucional terminó, tras una pelea a puñetazos, en la división de la Cámara de Diputados. Y las protestas populares han llevado a la suspensión de la Asamblea Constituyente, después de que el MAS se negara a debatir la solicitud de traslado de la sede del Gobierno desde La Paz a Sucre, la capital del país.

El proceso contra los cuatro magistrados del Constitucional, propuesto por el presidente boliviano, Evo Morales, cuenta ahora con dos resoluciones de la Cámara de Diputados: una a favor y otra en contra. La primera es del oficialismo, que aprobó el miércoles en solitario una resolución para enjuiciar a los jueces en la Cámara de Senadores, en una sesión que se llevó a cabo en la Vicepresidencia de la República. La segunda es de la oposición, que decidió la continuidad de los magistrados tras reanudar la sesión interrumpida por la disputa en el hemiciclo parlamentario.

El origen de la crisis está en la decisión de Evo Morales de llenar, mediante decreto presidencial, cuatro vacantes de la Corte Suprema de Justicia: los magistrados por él nombrados debían acelerar el proceso contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado por las movilizaciones callejeras en octubre de 2003.

El Tribunal Constitucional declaró legal el nombramiento de esos cuatro magistrados, pero les fijó un plazo de 90 días para el desempeño de sus funciones. En ese tiempo, el Congreso debía elegir, tal y como marca la ley, a los cuatro titulares del Supremo. La decisión del Constitucional disgustó al presidente Evo Morales, que ya anunció que pediría un juicio político contra los magistrados que emitieron la resolución.

Para la oposición, Morales pretende controlar el poder judicial. "El Movimiento Al Socialismo (MAS) busca el linchamiento del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia", denunció Jorge Quiroga, líder del primer partido de oposición, Poder Democrático y Social (Podemos). Quiroga añadió que, de llevarse el juicio a la Cámara de Senadores, donde su partido es mayoría, prevalecerá la justicia y el derecho.

Antes de llegar a las dos antagónicas resoluciones que empañan más la situación de los magistrados, los diputados pasaron el miércoles por un intercambio de puñetazos, patadas y de latigazos repartidos por los chicotes (látigos) que llevan los representantes indígenas. Varios diputados opositores se quejaron de los pellizcos y "apretones en las partes nobles" que les propinó a diestro y siniestro una diputada del MAS.

El vicepresidente, Álvaro García Linera, demandó serenidad para la próxima sesión del Congreso, que deberá nombrar a cuatro suplentes del Constitucional.

Por otro lado, en la ciudad de Sucre, la Asamblea Constituyente, encargada de dar a Bolivia una nueva Constitución antes de fin de año, ha suspendido indefinidamente sus sesiones debido a la falta de garantías para su funcionamiento, dijo la presidenta del foro, la oficialista Silvia Lazarte, que permanece encerrada en su domicilio para evitar las agresiones ciudadanas.

Desde que la semana pasada la Asamblea decidiera por 134 votos excluir de la agenda el asunto del traslado de los poderes ejecutivo y legislativo de La Paz a Sucre, las protestas ciudadanas no han dejado las calles y han impedido que el foro continúe su trabajo. Sucre vivió por segundo día disturbios a causa de los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales, después de que la víspera se registrara un saldo de 10 heridos, innumerables intoxicados por gases, contusos y actos de vandalismo y saqueo.

El Comité Interinstitucional, que lidera la demanda de "capital plena", convocó ayer a una huelga general que paralizó totalmente las actividades: se cerraron oficinas públicas y privadas, se retiró el servicio de transporte público, y se bloquearon los accesos a la ciudad y al aeropuerto, lo que obligó a suspender los vuelos comerciales. Actualmente, se reconoce a Sucre como capital del país, pero la sede de los poderes legislativo y ejecutivo se encuentra en La Paz, ciudad que se resiste a acceder a esta reclamación, que en el siglo XIX fue motivo de una guerra civil.