Los socialistas exigirán a Sanz que las navarras puedan abortar en su comunidad

Sacar el terrorismo de la agenda política navarra, retirar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Dependencia y aprobar 12 medidas sociales urgentes. La cuarta propuesta que los socialistas navarros tratarán de imponer al presidente Miguel Sanz (UPN) será que las navarras puedan abortar en centros sanitarios públicos de su comunidad. Veintidós años después de la despenalización del aborto, Navarra es la única autonomía que impide el ejercicio de ese derecho. Las mujeres que lo intentan tienen que desplazarse a clínicas privadas de Euskadi, Aragón o Madrid.

A pesar de que el aborto está permitido en España desde 1985, ningún centro sanitario público o privado efectúa interrupciones voluntarias del embarazo en Navarra. Las 639 mujeres que decidieron abortar en esa comunidad en 2005, según el último informe del Ministerio de Sanidad sobre la materia, tuvieron que salir de la región para ingresar en centros privados de Zaragoza, Madrid y Bilbao, con los que el Servicio Navarro de Salud tiene firmados conciertos. El Gobierno foral corre con los gastos de viaje, la intervención e incluso las dietas de las pacientes, pero Navarra es la única autonomía en la que no se practican este tipo de intervenciones.

El Partido Socialista de Navarra (PSN) se ha propuesto acabar con esta situación. Su portavoz parlamentario, Roberto Jiménez, ya esbozó su reclamación durante el debate de investidura de Miguel Sanz (UPN) como presidente navarro. "Debe usted solucionar inmediatamente que (...) las ciudadanas navarras tengan acceso efectivo y no discriminatorio dentro de la sanidad pública, a todas las opciones terapéuticas y preventivas que la ley dispone y a ejercitar los derechos que les son inherentes", dijo Jiménez en el Parlamento foral.

En los próximos días, esa declaración de intenciones se convertirá en una propuesta concreta. El Grupo Socialista presentará en la cámara foral una moción que instará al Gobierno de Sanz a poner en marcha todas las medidas necesarias para que las navarras puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo "dentro de los supuestos contemplados en la ley" centros sanitarios pertenecientes al Sistema Navarro de Salud. Los socialistas esperan que su iniciativa reciba el apoyo de Nafarroa Bai e Izquierda Unida. Ambos grupos, sumados a los socialistas, suman 26 parlamentarios frente a los 24 de UPN y CDN que sostienen al Ejecutivo foral, que gobierna en minoría.

"El aborto es un derecho civil de todas las ciudadanas que sin embargo en Navarra no se puede ejercer", señala el portavoz socialista, Roberto Jiménez. "Las navarras que quieren interrumpir de manera legal su embarazo tienen que salir de la comunidad como si fueran delincuentes", continúa Jiménez que subraya: "Los derechos están para ejercitarse y las leyes para cumplirse; gusten o no gusten".

Objeción de conciencia

El anterior Gobierno de Sanz, que sí contaba con mayoría absoluta en la cámara, se negó reiteradamente a garantizar el derecho al aborto. La consejera navarra de Sanidad, María Kutz, aseguró en la cámara autonómica: "Desde hace varios años, los ginecólogos del sistema sanitario navarro se han acogido a la objeción de conciencia para la no realización de interrupciones voluntarias del embarazo". El derecho español sólo reconoce la objeción de conciencia al desaparecido servicio militar.

La normalización del aborto en Navarra es la cuarta propuesta que los socialistas intentan imponer a Sanz desde que facilitaron su investidura como presidente mediante su abstención. Hasta el momento, el presidente navarro se ha comprometido a no utilizar el terrorismo como materia de oposición contra el Gobierno central, a negociar con el Estado la retirada de los recuros de inconstitucionalidad que el Ejecutivo foral y el Parlamento presentaron contra la Ley de Dependencia. Sanz también ha asumido como propias 11 de las 12 iniciativas prioritarias de carácter social que le presentaron los socialistas la víspera de su investidura.