Ingresa en prisión el promotor que desveló la corrupción en Alhaurín

El promotor inmobiliario José Burgos Leiva, principal testigo de la trama de corrupción municipal descubierta el pasado enero en Alhaurín el Grande (Málaga), ingresó ayer en la prisión provincial de Alhaurín de la Torre para cumplir una condena de 36 meses de cárcel por dos delitos de obstrucción a la justicia. Los delitos que han llevado a Burgos a prisión se derivan de una causa por supuesta violencia psíquica contra su ex esposa de la que el empresario fue absuelto por la Audiencia Provincial de Málaga en abril de 2004.

Burgos fue detenido el pasado lunes a mediodía por agentes de la Policía Local de Alhaurín el Grande después de que el juzgado de Instrucción número 3 de Málaga emitiera una orden de búsqueda y detención contra él al no haberse presentado voluntariamente en el centro penitenciario. El pasado mayo, el mismo juzgado rechazó suspender la ejecución de la pena al fracasar el intento de la defensa del empresario de lograr un indulto del Consejo de Ministros.

Burgos, que pasó la noche del lunes en el depósito judicial de Coín tras ser reconocido por un médico al sentirse indispuesto, fue puesto ayer por la mañana a disposición del juez Carlos Peinado, el mismo que instruye el caso Alhaurín de presunta corrupción municipal. El juez ordenó el ingreso en prisión del principal testigo de la causa, que fue trasladado sobre las 13.00 a la cárcel de Alhaurín de la Torre. A las puertas de la sede judicial de Coín montaba guardia un equipo de la televisión municipal de Alhaurín el Grande.

El alcalde de Alhaurín, Juan Martín Serón (PP), en libertad bajo fianza de 100.000 euros acusado, junto a su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, de exigir 121.000 euros a Burgos a cambio de no paralizarle una obra, se ha referido en numerosas ocasiones públicamente al empresario como "el maltratador de mujeres". La última vez fue el pasado 19 de junio, cuando la Policía detuvo a 19 empresarios acusados de cohecho por pagar supuestamente diferentes cantidades económicas a cambio de favores urbanísticos. El día de la detención del regidor, el 18 de enero, los agentes hallaron en su domicilio 63.000 euros en metálico. El imputado Martín Serón, que siempre ha contado con el apoyo de su partido, revalidó el pasado 27 de mayo la mayoría absoluta.

Los hechos que han llevado a Burgos a prisión ocurrieron en 2002, después de que el empresario y su ex esposa se enfrentaran judicialmente por motivos económicos tras divorciarse. La sentencia firme de la Audiencia Provincial absuelve de los delitos de amenazas y maltrato psíquico continuado de los que fue condenado por el juzgado de primera instancia y mantiene los dos de obstrucción a la justicia por intimidar a su ex mujer y a la principal testigo de ésta antes del juicio. Burgos se ha querellado contra ambas mujeres por falso testimonio tras ser absuelto de maltrato y amenazas.