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La Junta recibe más de 40.000 solicitudes para acogerse a la ley de dependencia

La consejera para la Igualdad y Bienestar social anuncia el segundo plan de discapacidad

Ginés Donaire

Algo más de 40.000 andaluces han presentado hasta ahora la solicitud para realizar la valoración de la situación de dependencia y acogerse a las prestaciones y servicios incluidos en la ley que ha entrado en vigor este año, según informó ayer en Baeza (Jaén) la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro. Del total de las solicitudes presentadas, en torno al 60% son de mujeres y el 40% de hombres. Navarro también anunció la puesta en marcha de un segundo plan integral de discapacidad y recordó que el 58% de la población con discapacidad son mujeres.

Micaela Navarro, consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro destacó ayer el buen funcionamiento del sistema de dependencia en Andalucía, como lo demuestra, según la consejera, el hecho de que desde el mes de abril se ha atendido a más de 1.100 personas en situación de gran dependencia en residencias y centros de estancia diurna.

Además, la Junta ha contratado a 950 profesionales que serán los encargados de llevar a cabo las valoraciones de todas las solicitudes. "No va a haber problemas económicos para aplicar la ley de dependencia porque se trata de un derecho", explicó Navarro, que asumió el compromiso de acortar al máximo los plazos para realizar las resoluciones de los expedientes.

La Junta de Andalucía ha destinado en los últimos tres años un total de 203,5 millones de euros a poner en marcha el Sistema de la Autonomía y Atención a la Dependencia en la comunidad autónoma, de los cuales 128 millones corresponden al presupuesto de 2007.

Este año se podrán beneficiar de las prestaciones de la ley las personas en situación de gran dependencia. Posteriormente y progresivamente hasta el año 2015, se incorporarán las que tengan dependencia severa o moderada.

Por otra parte, Micaela Navarro, que inauguró en la sede Antonio Machado de la Unia en Baeza el curso de verano sobre mujer y discapacidad, anunció que la Junta prepara un segundo plan integral de discapacidad para los próximos cuatro años.

La consejera alabó el buen funcionamiento del primer plan, y puso como ejemplo que el presupuesto para todo el cuatrienio se agotó el primer año. Además, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social trabaja en la aprobación del Plan de Acción Integral para las Mujeres con Discapacidad de Andalucía, que fomentará un mayor grado de autonomía económica y personal de estas personas. En Andalucía, aproximadamente el 58% de la población con discapacidad, que supera las 700.000 personas, son mujeres.

Entre los objetivos principales de este plan integral destacan la promoción de las condiciones que hagan posible que las mujeres con discapacidad disfruten de sus derechos en igualdad de condiciones, así como erradicar los estereotipos de género mediante la difusión de una imagen social de la discapacidad no discriminatoria que permita la mejora de su autoestima y la revalorización de sus capacidades.

Al mismo tiempo, Navarro resaltó el decreto andaluz que regulará la accesibilidad para las personas con discapacidad en la comunidad autónoma, donde más del 75% de los municipios disponen ya de un plan de accesibilidad o están elaborándolo. El presupuesto destinado a las personas con discapacidad en Andalucía ha aumentado este año más de un 14% y ya supera los 155 millones de euros.

Micaela Navarro se refirió también a la situación que se vive en los centros de menores de la comunidad por la presión derivada de las llegadas masivas de menores inmigrantes no acompañados en los últimos meses. Navarro admitió que en las ultimas semanas "se ha aliviado un poco la presión" sobre los centros de acogida de menores, a pesar de que la comunidad andaluza aún acoge más de 900 menores.

También se mostró confiada en agilizar al máximo los 988 expedientes de los menores inmigrantes no acompañados que están pendientes de verificación y que, en su opinión, podrían resolverse en septiembre para facilitar el retorno con sus familias. "Aunque algunos menores vienen en situaciones precarias muchos otros tienen una clase media alta y una familia reconocida que está en contacto permanente con ellos", dijo la consejera.

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