La subdelegada del Gobierno en Alicante abrirá un expediente por la vigilancia privada

La subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, anunció ayer que abrirá un expediente sobre el servicio de vigilancia privada en la urbanización de la Dehesa de Campoamor, en la costa de Orihuela. Esta iniciativa ya fue ilegalizada en 2005 por el Gobierno por desarrollarse en un espacio público. Sin embargo, la entidad que gestiona la urbanización ha vuelto a contratar el servicio con la misma firma, la empresa Securitas, aunque en este caso para desempeñar funciones misiones de "custodia de llaves".

Un informe de la Dirección General de la Policía, fechado el 17 de julio, también considera ilegal ese servicio y propone una multa de 6.300 euros para la empresa. "Sobre este nuevo informe de la Dirección General de la Policía que ha llegado a la Subdelegación revisaremos el expediente y, si procede, suspenderemos el servicio", señaló Llinares. "Está claro que la vigilancia privada tiene que desarrollarse en los ámbitos que marca la ley", añadió.

Por el servicio de vigilancia privada, la entidad pasó a cobro a la comunidad de propietarios el pasado año 483. 000 euros. Un grupo de propietarios se niega a abonar las cuotas porque el servicio ya lo presta el Ayuntamiento desde 1998, cuando recepcionó la obra.