La parte de atrás de agosto

El policía local pasa despistado y lee en una pancarta: "El hambre no tiene vacaciones. La cocina económica cierra en agosto". Al lado, en plena plaza de Cervantes de Santiago, una veintena de personas se sirven comida y reparten panfletos que explican el porqué de su acción. "La cocina económica cierra durante este mes", explica uno de los afectados, "y no existe una alternativa donde podamos comer". El agente husmea y, desconcertado, continúa su camino. La comida popular, organizada por el veterano centro social Casa Encantada, se desarrolla en el centro del casco viejo de la capital cada miércoles de agosto.

En la puerta del establecimiento caritativo cuelga un cartel en el que se asegura que un reparto de bocadillos sustituye a las comidas calientes. Oficialmente, las encargadas de la cocina económica, las monjas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, afirman por teléfono que dedican este mes de cierre "a limpieza y a la realización de reparaciones". Pero un acercamiento al lugar parece dar la razón al activista Fran del Buey, de la Casa Encantada: "Las monjas se marcharon de vacaciones y el ayuntamiento no ofrece ninguna alternativa a los usuarios de la cocina". En las dependencias municipales, también a medio gas, que son la fuente de financiación de la cocina económica, se refieren "al descanso del personal" de la institución de caridad.

Todos los comedores sociales en Galicia dependen de instituciones religiosas

Del Buey critica que "un servicio de atención primaria en la capital de Galicia sea privado y de carácter religioso". "La sala de espera", continúa, "son las escaleras exteriores, donde la policía local se encarga de regular los turnos". Las ayudas del Ayuntamiento no exigen, según Del Buey, contrapartidas de calidad: "La alimentación funciona por acumulación, cuanto más mejor, y no ofrecen menú, por ejemplo, para celíacos". "La cocina, además, se convierte en un gueto, cuando un comedor social debería evitar la exclusión. Por no hablar de que, en un estado laico, una orden religiosa no se debería ocupar de servicios sociales básicos", concluye. En Cataluña y en el País Vasco, los comedores sociales son de titularidad pública y municipal.

En Santiago, de obediencia y orientación xacobea, los índices de pobreza crecieron en los últimos años. Según el informe A pobreza e a exclusión social en Galicia, presentado por la Vicepresidencia de Igualdade e Benestar, entre 2001 y 2004, el último período estudiado, pasó del 10 al 15% de los 92.298 habitantes del ayuntamiento.

La peculiar externalización confesional de obligaciones sociales de las instituciones también deja en manos sagradas el asilo de transeúntes. Preguntados por la disponibilidad de albergues para indigentes, funcionarios del departamento municipal de Bienestar Social se documentan en Google y declaran: "Tenemos tres, el de Monte do Gozo, el de Belvís y el Xoán XXIII". En realidad, ni en el Monte do Gozo ni en el Seminario de Belvís acogen a nadie que no presente credencial de peregrino. Y el albergue Xoán XXII, con el que el ayuntamiento mantiene un convenio, cierra durante el mes de agosto "días uno y 31 inclusive".

El refugio con nombre del último papa progresista pertenece a los franciscanos. Está situado en la misma finca, pero obviamente al otro lado, que el hotel de cuatro estrellas San Francisco. Que los seguidores de San Francisco de Asís, santo que convirtió la pobreza en virtud, regenten el albergue implica ciertas particularidades sobre horarios y costumbres. Desde la Casa Encantada, afirman que "no es de recibo cerrar las puertas a las nueve y media de la noche". "¿Por qué una persona que no tiene casa debe adaptarse a unos horarios que ya nadie quiere excepto los monjes?", se pregunta Fran del Buey. Durante los once meses del año en los que permanece abierto, el albergue también permite el uso de sus instalaciones a los devotos del Apóstol. "Sólo falta que obliguen a los usuarios del albergue a rezar el 'cuatro esquinitas tiene mi cama' antes de acostarse", ironiza Del Buey.

El cierre por vacaciones de la cocina económica de Santiago de Compostela ha contribuido a revelar la escasa garantía de protección que los derechos humanos básicos -comida y techo- poseen en Galicia. La Vicepresidencia de la Xunta no guarda datos centralizados de los comedores sociales y los albergues de transeúntes activos en el país. Las cocinas económicas existentes, en las ciudades de A Coruña, Lugo o Ferrol, no superan un carácter caritativo que depende de subvenciones y ayudas privadas y no rinden cuentas ante la administración pública.