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Infraestructuras y medio ambiente

Bruselas denuncia las obras de la 'carretera de los pantanos' en el Tribunal de Justicia de la UE

La Comunidad ignoró los daños ambientales del desdoblamiento y eludió hacer un plan para repararlos

La Comisión Europea ha interpuesto un recurso contra España -las instituciones europeas sólo se dirigen a los Estados miembros aunque juzguen políticas de Gobiernos regionales- ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por estimar que la construcción de la autovía que ampliará la M-501 viola las leyes europeas de protección del medio ambiente, según confirmaron ayer fuentes comunitarias. El desdoblamiento de esta vía, conocida como carretera de los pantanos, en un tramo de 18 kilómetros entre Quijorna y Navas del Rey, es iniciativa de la Comunidad de Madrid. "Esperamos que España haga lo necesario para evitar una sentencia condenatoria, que adopte las medidas necesarias para compensar el daño ya causado", indicó ayer a este diario Barbara Helfferich, portavoz europea de Medio Ambiente, quien detalló que la demanda fue interpuesta el pasado 18 de julio.

La Comisión Europea teme por los encinares y las cuencas del Alberche y Cofio

El proyecto para convertir en autovía esta carretera incumple a juicio del Ejecutivo comunitario dos directivas europeas: la conocida como Hábitats y la de evaluación de impacto ambiental. La infraestructura atraviesa un área incluida en la red Natura 2000 y por tanto con especiales garantías de protección ambiental, ya que según Bruselas es "extremadamente rica en biodiversidad y alberga especies endémicas". Cuando una obra atraviesa una zona así, debe presentarse una evaluación de impacto ambiental y si la Comisión Europea da el visto bueno, la construcción de la carretera debe ir acompañada de medidas compensatorias que traten de subsanar el daño ambiental causado.

De la ampliación de la carretera madrileña que une Alcorcón con San Martín de Valdeiglesias, a la Comisión Europea le preocupa especialmente el impacto que pueda causar en los encinares de la zona, así como en las cuencas de los ríos Alberche y Cofio y del río Guadarrama, clasificados como lugares de interés comunitario.

Bruselas sostiene que en el caso de la M-501 no se ha cumplido ninguno de los dos requisitos. Por un lado acusa a España de dividir la evaluación de impacto en cinco estudios, correspondientes a los distintos tramos, sin presentar una evaluación global que tenga en cuenta el daño global de la infraestructura al medio ambiente. Por otro lado, Bruselas dice que las medidas compensatorias presentadas son insuficientes en relación con el interés ecológico de la zona y que afectan tan sólo a un tramo de la carretera.

Ahora, los servicios legales de la Comisión Europea trabajan en la preparación de los documentos que deben remitir al tribunal de Luxemburgo, sin que exista un plazo de entrega. Después, habrá que esperar la sentencia, que suele demorarse una media de dos años. De resultar condenatorio, el fallo pediría que se adopten medidas compensatorias como la designación de otras zonas de protección. Si España siguiera sin cumplir, la Comisión podría pedir una multa que podría alcanzar las decenas de millones de euros. En el Tribunal europeo de Justicia de Luxemburgo recuerdan la multa de 78 millones de euros impuesta a Francia en 2005 por pescar alevines.

El eurodiputado socialista Carlos Carnero, que ha defendido en reiteradas ocasiones la ilegalidad de la carretera en Bruselas, destacó ayer "la rapidez y contundencia con la que ha actuado la Comisión" y consideró que lo que tiene que hacer ahora el Gobierno de Esperanza Aguirre es "parar las obras".

No es la primera vez que la Comisión Europea lleva a un Estado miembro ante la justicia por incumplir la legislación comunitaria. El caso más reciente ha sido el de Polonia, en el que Bruselas ha solicitado incluso la paralización de las obras de una carretera que atraviesa el valle protegido de Rospuda, mediante medidas cautelares. "En el caso español estamos aún muy lejos de llegar a ese punto", señala Helfferich.

La Comisión Europea concedió el pasado mes de marzo un plazo de dos meses a la Comunidad de Madrid para que presentase el estudio ambiental completo de las obras y amenazó con llevar a España ante el tribunal si no cumplía. El 18 de julio la amenaza se hizo realidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de agosto de 2007