La irritación ciudadana crece en Cataluña

El aeropuerto de El Prat (Barcelona) parecía a salvo del caos, pero ayer dejó claro que no da abasto. Se sumó a la lista de los innumerables servicios públicos que han entrado en colapso en Cataluña. Colas de una hora para facturar, retrasos generalizados, overbooking y maletas que no llegan a su destino. AENA, que el domingo negaba que hubiera anomalías, decidió ayer expedientar a una empresa que presta servicios de tierra. En Renfe, un tren dejó tirados a 140 pasajeros al averiarse el convoy. Y en las autopistas, retenciones en la frontera francesa y en el peaje de Tarragona que alcanzaron los 12 kilómetros. Eso un lunes de agosto. La mayoría de los grupos del Congreso, excepto el PSOE, ha pedido la comparecencia urgente de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez.

El Prat ha pasado de 19 millones de pasajeros en 2000 a 30 millones en 2006 con el mismo traje. Ya no le entra. El aeropuerto lleva una semana con más de un millar de operaciones diarias, entre aterrizajes y despegues. Un centenar más del tráfico habitual. Si la pasada semana, al inicio de la operación salida, los incidentes eran aislados, el domingo la situación empezó a torcerse, para desazón de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), que seguía obstinada en negar cualquier incidente.

Pero los hechos son tozudos y el ente que gestiona los aeropuertos se vio obligado a sancionar a la empresa de handling (servicio de tierra) Flightcare, propiedad de Fomento de Construcciones y Contratas. La razón: "No cumplir con los requisitos de calidad requeridos". Lo que en román paladino significa no atender a los pasajeros como es debido.

Los hechos que el domingo motivaron este expediente se agravaron ayer. La terminal B, destinada a los vuelos del espacio Schengen, fue la más afectada. Las cintas que transportan las maletas para su clasificación se pararon durante más de una hora, lo que generó esperas que superaron ese tiempo para facturar. Incluso las máquinas automáticas de facturación registraron colas de 20 minutos. Al colapsarse las cintas, numerosos equipajes no llegaron a su destino. Fue un círculo que desembocó en retrasos generalizados en los vuelos. Acabaron de caldear el ambiente algunos casos de overbooking, lo que obligó a las compañías a realojar a los pasajeros en otros vuelos y no siempre se pudo.

Al problema de falta de personal que denuncian los sindicatos se añaden las limitaciones de espacio de la infraestructura, diseñada para la Barcelona de 1992. De ahí la construcción de una nueva terminal, que no entrará en servicio hasta 2009. Pero ahora El Prat se ha quedado pequeño y obsoleto para el tráfico que debe soportar.

Más de 100.000 viajeros con sus más de 100.000 maletas pasaron ayer por un aeropuerto asfixiado de éxito. "La ampliación llega tarde, este colapso se produce cada verano", explicó ayer un representante sindical del servicio de tierra.

A su juicio, el problema de estos días tiene más que ver con el espacio que con la plantilla. Pero ésta, los trabajadores de servicio de tierra, tampoco lo tienen fácil. Se trata de un gremio muy castigado por la precariedad laboral y por la alta rotación. El convenio colectivo fija un sueldo mínimo bruto anual de 12.000 euros, que las compañías suelen elevar hasta los 14.000 o 15.000. "Y eso para jornadas laborales de ocho horas, en domingo, en festivos, en condiciones muy duras, de mucho frío y calor en las rampas", agregó el portavoz sindical.

Fallos en trenes y peajes

Las líneas de cercanías de Renfe funcionaron ayer con cierta normalidad, pero no las de media distancia. Un tren procedente de Reus y con destino a Barcelona dejó tirados a 140 pasajeros en la estación de Sant Vicenç de Calders. Renfe habilitó otro tren para transportarles, pero con todo llegaron con más de 40 minutos de retraso a la capital catalana.

Los usuarios que la pasada semana se quedaron atrapados durante dos horas en el interior de un convoy cerca de la estación de Sants, lo que provocó el colapso del sistema ferroviario de Barcelona, anunciaron ayer que denunciarán a la compañía ferroviaria por "negligencia" al no haber actuado con premura.

En las carreteras, ayer las autopistas de peaje no se libraron de las retenciones, a pesar de ser un lunes laborable del mes de agosto. En el peaje de Tarragona se registraron colas de hasta 12 kilómetros y seis en El Vendrell, aunque estas últimas provocadas por un accidente. Similares retenciones se repitieron en La Jonquera, en la frontera francesa de la AP-7 en ambos sentidos.

Ante tal caos en los servicios públicos, sobre todo en las infraestructuras, el Partido Popular, Convergència i Unió, Izquierda Verde, Esquerra Republicana y el Partido Nacionalista Vasco pidieron la comparencia urgente en el Congreso de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. Todos los grupos suman más diputados que el PSOE, lo que obligará a la ministra a responder ante la Cámara baja por las deficiencias en Renfe, carreteras y aeropuertos en Cataluña.

Todos los partidos catalanes y el Ayuntamiento de Tarragona, además, reclamaron al Gobierno catalán que redacte un protocolo con criterios claros y específicos sobre en qué circunstancias las concesionarias de autopistas deberían levantar las barreras de los peajes. El sábado tuvo que ser la Generalitat quien lo ordenara, amenazando con enviar a los Mossos d'Esquadra si la empresa concesionaria se resistía, tras quedar absolutamente colapsada la autopista con retenciones de 75 kilómetros.

CiU y PP recordaron además que el Parlamento catalán ha aprobado al menos tres resoluciones requiriendo al Ejecutivo autónomo que apruebe este protocolo, que aún no existe. Sólo el PSC, el partido mayoritario del Gabinete del presidente José Montilla, expresó su escepticismo sobre la utilidad de esta solución y, como hizo el consejero de Obras Públicas, Joaquim Nadal, abogó por la ampliación de los carriles de la AP-7 y la supresión de los peajes troncales, medida ya aprobada hace casi dos años.

A pesar de todas estas anomalías, la Generalitat no tiene previsto reunirse con la empresa Acesa, que gestiona la AP-7, hasta después de vacaciones. Será entonces cuando intente buscar una solución. De momento, el Ejecutivo se ha limitado a afirmar que no piensa compensar a Acesa por levantar las barreras.