El peso de la hipoteca

El mercado de la vivienda atraviesa un momento complicado que provoca ramalazos de incertidumbre. Los precios están desacelerando (este año la vivienda apenas subirá el 6%, cuando a finales de 2004 crecía a ritmos superiores al 15%), la construcción de pisos está descendiendo (según algunas fuentes, casi el 7%) y el número de viviendas protegidas crece, aunque, su participación en el total de las construidas sigue siendo raquítica. Todo lo anterior parece indicar un enfriamiento del mercado que, conviene recordarlo, era lo que se pretendía en 2004. Sin embargo, persiste una vasta zona oscura que se niega a desaparecer.

El coste de la hipoteca media se ha encarecido en más de mil euros al año durante este año, a causa de la imparable subida del Euríbor, con lo cual la carga familiar de la vivienda ha pasado en 10 años del 34% al 44% de los ingresos; la caída de la construcción corre el riesgo de convertirse en un obstáculo para el crecimiento -y el empleo-, y los constructores lamentan su descrédito ante una parte de la sociedad y los mensajes de incertidumbre que lanzan las autoridades económicas sobre los pretendidos riesgos financieros y crediticios que asumen. Los tiempos de la vivienda alegre y confiada hace tiempo que pasaron.

Los desequilibrios más preocupantes hay que buscarlos en el mercado de alquiler, la descoordinación entre las políticas de vivienda de las comunidades autónomas y en el desarrollo reglamentario de la nueva Ley del Suelo. Es de temer que la nueva ministra de Vivienda, Carmen Chacón, no disponga de tiempo suficiente para desarrollar todas estas tareas, pero al menos debería tomar algunas decisiones orientativas en todas y cada una de ellas. No es muy realista suponer que a corto plazo una desaceleración de los precios se vaya a traducir en un aligeramiento de la presión sobre las familias; deben pasar años antes de que la evolución de los salarios erosione la pesada losa de hipotecas a 25, 30, 40 y hasta 50 años.

La descompresión sólo puede realizarse con un aumento sustancial del alquiler. Chacón y su equipo tienen campo para reformas legales que incentiven la puesta en el mercado de pisos para alquilar. Los propietarios de pisos vacíos quieren retribuciones razonables, por supuesto, pero sobre todo seguridad jurídica: garantías de que podrán desalojar a los inquilinos cuando vencen sus contratos o si incumplen gravemente las condiciones. La Agencia del Alquiler patrocinada por el Ministerio ha fracasado en su intento de dar una respuesta adecuada a estas inquietudes.

Carece de sentido práctico deplorar ahora la falta de competencias del Ministerio, transferidas a las comunidades autónomas. Pero ya que existe, el Ministerio de Vivienda deberá esforzarse para que las líneas básicas de su política tengan al menos una orientación común y se eviten las ridículas estridencias de algunas decisiones, como la de la Comunidad de Madrid de subir las desgravaciones por vivienda en el IRPF. El desarrollo reglamentario de la Ley del Suelo parece un buen pretexto para ordenar ideas y encauzar políticas.