Ados al Prever

Si sorprende la buena acogida generalizada a la normativa sobre la fiscalidad en el sector automovilístico para adaptarla a los niveles de contaminación que provoca, tanta o más unanimidad ha provocado el anuncio de la no renovación del Plan Prever, que se extingue el mismo día de entrada en vigor del nuevo impuesto de matriculación.

Resulta difícil entender que se elimine una figura que ha demostrado su eficacia, en la renovación del parque automovilístico al mismo tiempo que se adoptan otras disposiciones en ese sentido. También es verdad que la incidencia de los aspectos impositivos en las ventas ha sido relativa. Algunos de los años en los que se han batido récords de matriculaciones lo hacían con una fiscalidad también récord como el desaparecido impuesto de lujo, transformado posteriormente en el de matriculación.

Los industriales dicen que el Gobierno no tienen en cuenta los siete millones de coches con más de diez años de antigüedad que aún circulan

Pero en esta ocasión, más que de facilitar el equilibrio presupuestario, se trata de reducir los niveles de contaminación y las cifras son bastante elocuentes: el 20% de los automóviles en circulación son responsables del 80% de la contaminación actual. Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, (Anfac), un coche fabricado antes de 1970 produce las mismas emisiones que un centenar de los que se fabrican ahora.

"Lamentamos muchísimo que no hagan caso de una demanda unánime del sector", señala su directora económica, para la que también resulta paradójico plantearse la eliminación de un incentivo a la renovación poco tiempo después de que lo haya implantado Italia y cuando Francia estudia también su incorporación.

Faconauto, que agrupa a más de 3.000 concesionarios por toda España, se ha subido también carro de las críticas denunciando la contradicción implícita de las dos medias. Su presidente, Antonio Romero-Haupold, no entiende que no se tenga en cuenta la contribución de estos planes (antes Renove) al rejuvenecimiento del parque durante el último lustro. Y denuncia las distorsiones que se van a producir en el mercado durante los próximos meses y el próximo año tras el anuncio del nuevo impuesto de matriculación.

Y puestos a denunciar, el secretario general de la patronal de los concesionarios, Blas Vives, no ha querido desaprovechar la ocasión de salir al paso del reciente anuncio de la Generalitat de Cataluña sobre la posibilidad de reducir a 80 kilómetros por hora la velocidad máxima que se pueda alcanzar en la primera corona con el fin de reducir las emisiones contaminantes. Una medida "en relación con la galería" y un claro ataque frontal al uso del automóvil, según Blas Vives, para el que los efectos producidos serían precisamente los contrarios al aumentarse la congestión del tráfico y el uso de marchas más bajas con mayores niveles de contaminación.

Por su parte, la Asociación Nacional de Vehículos a Motor Reparación y Recambios (Ganvam) ha solicitado un nuevo Plan Prever en el que no sólo se tenga en cuenta criterios de contaminación sino que las bonificaciones fiscales contemplen también el IRPF y la antigüedad del automóvil.

El más beligerante, una vez más, en contra de estas disposiciones administrativas ha sido Germán López Madrid, presidente de Aniacam, la patronal de los importadores y aspirante a convertirse en interlocutor directo del sector a través de su representación en la gran patronal, la CEOE. Para López Madrid, no es de recibo que el Gobierno no tenga en cuenta los más de siete millones de automóviles con más de un decenio sobre sus ruedas que aún circulan por las calles y carreteras españolas.

"Demonización" del sector

Rechaza también la demonización a la que parece estar sometido el sector que no es responsable de la situación de deterioro medioambiental que sufrimos de la que acusa a la industria y la deforestación. Y no deja tampoco escapar las circunstancias para atacar de nuevo el régimen actual de explotación de las Inspecciones Técnicas de Vehículos que deberían cambiar su naturaleza de concesión administrativa para permitir su aplicación en los mismos concesionarios con la realización de inspecciones independientes tal como ocurre en Francia y Alemania, al mismo tiempo que solicita aumentar el nivel de exigencias de los controles más de acuerdo con la demanda de la defensa del medio ambiente.