Portos cedió gratis el uso de un muelle a la empresa de un alcalde del PP

El ente Portos de Galicia perdonó el cobro del canon por la concesión de 14.595 metros cuadrados en el muelle de Bodión, en Boiro, al ex alcalde de la localidad, el popular Jesús Alonso, que nunca abonó importe alguno por las cuatro adjudicaciones de las que se beneficia su conservera, Jealsa Rianxeira.

La memoria del año 2004 del Consello de Contas señala que "a pesar de la clara actividad comercial y lucrativa desarrollada y de la importante superficie que ocupa el concesionario, la empresa nunca abonó la tasa por las adjudicaciones otorgadas". Y no lo hizo, porque el organismo público no incluyó en el pliego de condiciones el canon por actividad comercial establecido en la Ley de Costas y el artículo 69 de la Ley de Puertos. El órgano fiscalizador añade que "no consta la causa que justifique la no aplicación de la tasa", a pesar de que la compañía ocupa una parcela de 7.683 metros destinada a la construcción de una fábrica de harina de pescado, alimentos para animales, almacén, talleres y otros usos de fábricas en el puerto de Bodión.

El dato revelado por Contas sirvió ayer al diputado socialista Xaquín Fernández Leiceaga para concluir que la administración del PP creó un "sistema caótico para beneficiar a algunos amigos". El parlamentario socialista eludió citar casos concretos: "No hace falta dar nombres porque están en el informe". No obstante, enumeró presuntas irregularidades en la Fundación para o deporte Galego, en la Fundación da Cidade da Cultura y en el Instituto Enerxético de Galicia e instó a la Xunta a reclamar a los beneficiarios el dinero obtenido de forma irregular. Leiceaga aludió al ex responsable de Portos de Galicia, el portavoz del PP en A Coruña, Carlos Negreira, para que explique su actuación como presidente del organismo.

La respuesta del PP fue animar de nuevo a los socialistas a que presenten el informe del Consello de Contas en la fiscalía si tienen indicios de que el anterior Gobierno gallego cometió alguna ilegalidad. En un comunicado, el PP acusó a Leiceaga de promover un "linchamiento político extrajudicial" y recordó que "sólo los jueces están legitimados para emitir sentencias".