La Cámara de Cuentas pone reparos a convenios de Torremolinos
El Ayuntamiento de Torremolinos cobró y gastó de manera indebida 5,3 millones de euros por un convenio urbanístico firmado en septiembre de 2004 y que aún no ha podido llevarse a efecto porque la Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga no ha autorizado la recalificación a suelo urbanizable de los 145.000 metros cuadrados de suelo rústico que contemplaba.
Las deficiencias han sido detectadas en un informe de la Cámara de Cuentas que, además de recordar que es ilegal destinar el dinero ingresado por convenios a gastos generales del Ayuntamiento, ha advertido del riesgo que ha asumido el consistorio porque puede verse obligado a devolver el dinero recibido más una cantidad por daños y perjuicios si finalmente no se autoriza la recalificación del suelo. El convenio fue suscrito con Arenal 2000, promotora presidida por el empresario cordobés Rafael Gómez, procesado por cohecho en el caso Malaya. La promotora entregó además al Ayuntamiento tres locales valorados en 1,3 millones de euros, mientras que los 5,3 millones recibidos en efectivos corresponden al 50% del precio total pactado.
Según el portavoz del PSOE, "lo más grave del caso es que se trata de un comportamiento reiterado del Ayuntamiento". PSOE e IU anunciaron ayer que entregarán el informe de la Cámara de Cuentas a la Fiscalía por si el consistorio hubiera incurrido en un presunto delito. Los socialistas ya denunciaron al ministerio público meses atrás la firma de dos convenios urbanísticos cobrados por el Ayuntamiento que preside Pedro Fernández Montes (PP) sin ser siquiera ratificados por el pleno municipal.
Para el portavoz de IU, Félix Martín Carro, del informe de l Cámara de Cuentas se deriva que "no es posible conocer el patrimonio de suelo municipal, por lo que las cuentas se aprueban en fraude de ley al faltar este elemento esencial".
El informe de la Cámara de Cuentas constata que el Ayuntamiento de Torremolinos "no tiene un inventario específico del patrimonio municipal de suelo, no controla los recursos materializados en terrenos y tampoco lleva un control específico de los ingresos derivados de la gestión de su suelo, incumpliendo la Ley Reguladora de Haciendas Locales".
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