Cuatro juzgados de Barcelona han ejecutado miles de sentencias pendientes desde hace años

En ocasiones la justicia funciona. Incluso bien. Un ejemplo son los cuatro juzgados penales de Barcelona, que en los últimos tres años han ejecutado miles de sentencias firmes que se amontonaban en los armarios. Son siempre casos menores, en los que las penas de cárcel no superan los cinco años de prisión o que se pueden saldar también con el pago de una multa o la retirada del carnet de conducir. Así, miles de ciudadanos han zanjado las cuentas que tenían pendientes con la justicia desde hacía años y las arcas públicas han ingresado varios millones de euros.

José A. O. fue sorprendido por la policía cuando conducía ebrio el 11 de febrero de 2005. Se negó a realizar la prueba de alcoholemia y el Juzgado de lo Penal número 2 de Barcelona le condenó a nueve meses de cárcel y a otros 15 de retirada de carnet de conducir. La justicia le pidió que entregara ese documento, pero no le localizaron por cambio de domicilio. El pasado mes de enero fue él mismo quien acudió al juzgado a entregar el carnet. El juez le suspendió las dos penas de prisión por una medida penal alternativa consistente en asistir a un curso de seguridad vial. Luego se supo que tenía otras cuentas pendientes y se le requirió para que entrara en prisión. Su abogado recurrió y ahora el juez debe resolver de nuevo.

El caso no está resuelto, pero casi. Hace unos años hubiera ido a parar a un armario y caído en el olvido, con el riesgo de acabar prescribiendo. Para dar una salida a esa bolsa de miles de casos pendientes que había en Barcelona, en 2002 se crearon cuatro juzgados penales de ejecutorias. Como su nombre indica, sólo se dedican a ejecutar sentencias firmes en las que la pena de prisión no supera los cinco años de cárcel. En 2004, los cuatro juzgados se reforzaron con más personal: un juez, un secretario y cinco funcionarios.

Entre 2003 y 2006 llegaron a esos juzgados un total de 81.691 asuntos. Hoy están en trámite poco más de 30.000. Los 50.000 restantes o están resueltos o se ha llegado a un punto en el que no puede avanzarse más. Buena parte de ellos acabarán prescribiendo, porque la justicia llega hasta donde llega.

Un insolvente al uso

Es el caso de José Luis A. M. Fue condenado en 2003 a seis meses de cárcel por el robo de un vehículo en Sant Adrià de Besòs en 1999. El juez de entonces, Carlos González Zorrilla, actual director de la Escuela de Policía de Cataluña, le conmutó la pena por una multa de 468 euros y 1.200 euros de costas judiciales. La justicia no supo nada de él hasta 2003, cuando se descubrió que estaba en La Modelo. Allí se le requirió al pago de la multa y respondió que no tenía un euro. Al año siguiente se comprobó que decía la verdad y el caso se archivó en un armario. Tres años después, el magistrado José Antonio Rodríguez, titular del Juzgado Penal número 21 de Barcelona, le ha declarado insolvente. Ahora sólo falta que pase el tiempo y prescriba el caso, pero no por olvido, sino por decisión judicial.

Las cifras exactas de los miles de asuntos que hay en esta situación no se pueden determinar, porque, aunque pueda sorprender, el sistema informático que manejan los jueces no da para mucho. Ésa es la cruz de los juzgados penales de ejecutorias. La cara es que el personal sigue trabajando en un mar de carpetas. "Cada ejecutoria que cerramos requiere un mínimo de ocho a diez actuaciones judiciales", explica Dolors Leyba, la juez de refuerzo del Juzgado Penal 21. Eso significa que la carpetilla de un mismo caso se abre y se cierra otras tantas veces por el juez para, por ejemplo, reconvertir en multa la pena de privación de libertad, declarar la insolvencia del acusado o liquidar la condena.

"La dificultad no es jurídica, sino fáctica. Ponerse en la piel de las personas e intentar adaptarse a sus vidas", añade Leyba. Ella, por ejemplo, ha suspendido el ingreso en la cárcel de un delincuente multirreincidente con cáncer terminal, pero con la misma decisión entiende que "la ley ha de cumplirse. Porque, si no, no es ley". El juez Rodríguez es todavía más contundente: "si las sentencias no se cumplen, el Estado no existe". Uno de sus casos es el de un delincuente que está pagando diez euros al mes para poder liquidar la multa que le impuso.

Más de 25 millones

Las cifras económicas sobre la eficacia de los juzgados de ejecutorias son espectaculares. En el año 2004 los ingresos bancarios ascendieron a 10,22 millones de euros. El año pasado fueron de 25,14 millones. La deficiente informática impide saber qué cifra corresponde a pago de multas y qué parte a indemnizaciones a particulares, aunque los jueces afirman que al menos dos tercios de esas cantidades fueron a parar a las arcas públicas.

Muchos casos se refieren a delincuentes reincidentes y delitos menores. De ahí la importancia de que los juzgados organicen el trabajo por penado, no por casos, para agrupar todas las sentencias. En otras ocasiones son delincuentes primarios, como en el caso de J. A., un ecuatoriano que en 2003 golpeó a su esposa. Fue condenado a tres meses de cárcel.

Ahora la sentencia es firme y debe cumplirse, con la dificultad añadida de que no tiene papeles. "Si tengo base legal, yo no puedo expulsar a ese hombre de España por un asunto de hace cuatro años, porque, además, no ha vuelto a delinquir", explica el juez Rodríguez. "Aquí no hacemos como en Tráfico, que te quitan el carnet sin hablar contigo. Nuestro sistema es garantista y eso quiere decir hablar con el afectado", añade el magistrado.