Escuchas y embargos
Las diligencias judiciales estuvieron diez días bajo secreto porque entre el 11 y el 21 de este mes fueron grabadas las conversaciones telefónicas de los seis querellados a partir de los siete registros policiales realizados en la sede de Intervida y en otros domicilios particulares.
La fiscal explicaba que la medida pretendía comprobar las distintas relaciones existentes entre ellos y si, a partir de los registros, se ponían de acuerdo "para realizar algún tipo de movimiento de capital o de cuentas bancarias que se puedan encontrar en cualquier parte del mundo, movimientos de bienes muebles o inmuebles", así como ocultación o destrucción de pruebas".
La fiscal también solicitaba a los bancos los movimientos de las 50 sociedades o fundaciones y a la Agencia Tributaria, las declaraciones realizadas.
Intervida, mientras tanto, sigue funcionando como ONG dedicada al apadrinamiento de niños. Juan Manuel Costa, su director nacional, recuerda que las supuestas irregularidades se refieren a personas ya desvinculadas y pide que todo ello no perjudique a los proyectos que se realizan.
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