Los empleados de Anesvad ven positiva la intervención de la ONG
La decisión de la juez del caso de retirar sus competencias al patronato de Anesvad -la undécima ONG de España por recursos gestionados- y encargársela a tres administradores bajo su control ha sido bien recibida por los trabajadores y los directivos. Consideran que la intervención judicial ayudará a su proyecto de cambiar el modelo de dirección y administración de la fundación, seriamente cuestionada con la detención de su ex presidente y fundador, José Luis Gamarra, en prisión provisional desde hace cuatro meses y medio acusado de un delito de apropiación indebida de fondos. La juez del caso, Belén Mendoza, que investiga la presunta apropiación de fondos de Anesvad, decretó el pasado día 19 la administración judicial de la fundación ante el peligro de que se sigan desviando fondos. Para ello, ha solicitado al protectorado de Fundaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que nombre sin dilación a tres personas que durante cinco años lleven la administración de Anesvad.
Días antes de conocerse la decisión de la juez, el nuevo equipo directivo de la ONG había anunciado un cambio en la dirección y en el patronato, del que saldrían sus actuales miembros, todos ellos familiares y amigos de Gamarra. La administración de la fundación bajo control judicial, señalaron los nuevos directivos en un comunicado, agilizará los cambios promovidos tras la dimisión del ex presidente, e impulsará "una mejor gestión y mayor transparencia de la institución".
Casos paralelos
El actual equipo reiteró su voluntad de redactar unos nuevos estatutos, que "establecerán las bases para una dirección más democrática, y que garantizarán de este modo un mayor control sobre su gestión". La juez decretó la intervención, tras valorar las irregularidades en la gestión y el desorden patrimonial existente en Anesvad bajo el mandato de Gamarra, así como el "peligro de que se sigan desviando fondos" con un patronato controlado por el ex presidente.
Gamarra fundó la ONG en 1968 y la situó entre las mayores, pero a costa de una gestión personalista, falta de rigor y transparencia -fue expulsada por ello de los controles de la Fundación Lealtad- y con campañas de comunicación muy agresivas cuestionadas por las demás ONG. En los últimos años, una veintena de empleados abandonaron la entidad. En septiembre de 2005 se descubrió que dos directivos se apropiaron de un millón de euros y empezó a actuar la justicia, que el pasado marzo envió a prisión a José Luis Gamarra por una presunta apropiación de fondos cifrada en tres millones de euros.
El caso Anesvad sigue así el mismo proceso que el caso Intervida. Ambas ONG fueron dos de las más grandes de España. Ambas basaban la captación de sus socios en publicidades agresivas y ambas están siendo investigadas por los jueces por irregularidades en su gestión.
