Un duelo que acaba en los tribunales
La inculpación del ex primer ministro Villepin supone un desquite para Sarkozy, objetivo inicial del 'caso Clearstream'
La justicia es ciega, infalible e independiente. A muchos jueces no les agrada que los políticos les pongan en evidencia, que demuestren que hay magistrados calculadores, interesados y sumisos. Dominique de Villepin, mientras era ministro -de Exteriores, de Gobernación o jefe de Gobierno-, se permitió algunas libertades con la justicia. Por ejemplo, cuando supo de la existencia del famoso listado del llamado caso Clearstream (un montaje que implicaba a varios rivales políticos, entre ellos, a Nicolas Sarkozy, en un asunto de blanqueo de dinero), no comunicó enseguida la información a la justicia, sino que antes intentó estudiar qué beneficio político podía sacar de la misma. Y parece que se sirvió del antiguo vicepresidente de Airbus, Jean-Louis Gergorin, para ir filtrando, a pequeñas dosis, la lista.
El antiguo primer ministro intenta demostrar que él también fue engañado
El incorruptible juez Renaud van Ruymbeke fue el objetivo de esas filtraciones. Gergorin llegó a entrevistarse con él. Van Ruymbeke no se dejó engañar. Enseguida supo que la lista era falsa, pero tampoco denunció el embrollo a sus superiores jerárquicos. El 11 de mayo de 2006, Villepin, sin duda decepcionado del espíritu poco colaborador de Van Ruymbeke, hizo que el ministro de Justicia de la época abriese un expediente contra el juez, acusándole de haber callado sus encuentros con Gergorin.
Los jueces Pons y D'Huy, al inculpar el pasado viernes a Dominique de Villepin por "complicidad en denuncia calumniosa", imponerle una fianza de 200.000 euros y ordenarle también que ni hable ni se vea con Gergorin, Imad Lahoud -el informático que parece haber manipulado las listas-, el general Rondot o el ex presidente Jacques Chirac, matan tres pájaros de un tiro: por una parte humillan a Villepin, equiparado a un delincuente dispuesto a poner tierra de por medio cuando tiene que asumir sus responsabilidades ante un tribunal; por otro, dan a entender que creen saber que Chirac está metido hasta el cuello en el caso Clearstream; por fin, recuerdan que con la justicia no se juega.
Para Nicolas Sarkozy, que entre 2005 y 2006 tuvo que ver cómo Villepin intentaba convertirse desde su cargo de primer ministro en la alternativa conservadora a su candidatura a la presidencia de la República, también es la hora de la venganza. Los jueces son el brazo ejecutor de la misma. En su larga carrera hasta la presidencia, Sarkozy se montó en dos caballos. La primera vez se equivocó: Edouard Balladur se mostró incapaz de sostener el galope. La segunda vez se encaramó sobre el lomo de Chirac a pesar de que éste no dejó de tirarle coces y de ponerle rivales: Philippe Séguin, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, Hervé Gaymard y, por fin, al más elegante y razado de sus corceles, Dominique de Villepin. El paticorto Sarkozy ha podido con todos. A Séguin lo descabalgó aprovechando el carácter ciclotímico de éste, a Juppé le descalificaron los jueces al condenarle por delitos cometidos por orden de Chirac, a Raffarin no le costó ponerle en ridículo porque era el ridículo en persona, a Gaymard lo hundió haciendo que nos enterásemos de cuánto le costaba al ciudadano que el ministro alojase a su familia numerosa en París. Por último, en el caso de Villepin, dejó que se agotase en una carrera enloquecida en la que el preferido de Chirac se olvidó de los futuros obstáculos. Al final, a regañadientes y sin dejar de intentar perjudicarle de manera secreta, Chirac tuvo que entronizar a Sarkozy como sucesor mientras Villepin corre ahora el riesgo de ser condenado hasta a cinco años de cárcel.
El antiguo primer ministro intenta demostrar que él también fue engañado por el listado y que de ningún modo ordenó su manipulación; segundo, asegura que sus gestiones -reuniones con Gergorin, con Rondot, etcétera- respondían a las exigencias de su función ministerial y que, por consiguiente, sólo puede ser juzgado por la Cour de Justice de la République, compuesta por tres magistrados, seis diputados y seis senadores; tercero, en ningún caso sus, como mínimo, nueve entrevistas con Gergorin, otras tantas con el general e indeterminadas con Chirac, tuvieron como objetivo instrumentalizar la justicia. Respecto al primer punto, Villepin merece el beneficio de la duda; por lo que hace al segundo, es materia opinable; el tercero, la supuesta ingenuidad de los implicados, no se la creerá nadie. Mal panorama.
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