Un 'caso Catral' de gama alta

El método es un calco del ilegal modelo urbanístico de Catral, contra el que tan contundente fue el Consell, pero de gama alta. El Ayuntamiento de L'Atzúvia ha autorizado la construcción de lujosos chalés en suelo no urbanizable y con licencia para casa de labranza. Los ecologistas denuncian que algunas viviendas se han levantado sobre parcelas de menos de 10.000 metros cuadrados y exceden la volumetría. El alcalde, Manuel Reig, del PP, defiende su legalidad: "Una casa de labranza también es una vivienda". Mientras tanto, el Consell se ha limitado a pedir un informe jurídico.

Un juzgado de Dénia investiga las obras por un supuesto delito urbanístico

"Una casa de labranza es una vivienda", arguye el alcalde en defensa de los chalés

El área del término de L'Atzúvia (La Marina Alta) donde se están levantado las espectaculares residencias se ubica al sur de núcleo urbano de la localidad, una umbría que va desde el límite del suelo clasificado como agrícola y de protección hasta la montaña de L'Home Mort, dentro del Lugar de Interés Cultural (LIC) de los valles de la Marina.

En esa zona un promotor alemán, mediante la firma Ficanstyle, ha levantado en los últimos años una docena de lujosos chalés -construcciones de dos alturas dotadas con piscina y pista de tenis-. El constructor, en todos los casos, ha solicitado licencia para una casa de labranza, aunque en realidad ha levantado formidables residencias unifamiliares destinadas a clientes centroeuropeos. Expertos inmobiliarios consultados por este periódico han fijado en unos dos millones de euros el precio de mercado de algunos de los chalés.

El planeamiento urbanístico de L'Atzúvia (611 habitantes) se rige por unas Normas Subsidiarias aprobadas en 1981. De acuerdo con esa normativa, el suelo donde se han construido las llamativas residencias está clasificado como "zona agrícola de protección" y taxativamente prohíbe el uso residencial "permanente o no, exceptuando la posible del encargado de labranza". La superficie mínima de la parcela para edificar (siempre una casa o almacén de labranza) es de 10.000 metros cuadrados. En cuanto al suelo forestal de protección, la norma mantiene el mismo criterio: "La capacidad de edificación está exclusivamente prevista para edificación del guarda o encargado, almacenes y servicios no peligrosos".

En cualquier caso, si se tratase de una casa de labranza la superficie construida sería siempre de 32 metros cuadrados. Cuando los chalés levantados por el promotor alemán exceden los 200 metros cuadrados y algunos llegan hasta los 300 metros cuadrados.

La asociación ecologista local Gelibre y el grupo municipal del Bloc Nacionalista Valencià denunciaron el pasado mes junio ante la Guardia Civil uno de los chalés que el promotor está levantando en la zona de la umbría, sin licencia y sobre una parcela de menos de 10.000 metros cuadrados. Los agentes paralizaron la obra. Más adelante, los ecologistas ampliaron la denuncia a otros cuatro chalés del mismo promotor por exceso de volumetría. La Guardia Civil trasladó la denuncia al juzgado número 1 de Dénia, que ha abierto una investigación por un supuesto delito contra la ordenación del territorio.

Los ecologistas también denuncian otra serie de irregularidades de las edificaciones, como el hecho de que conforman nuevos núcleos poblaciones, fenómeno también prohibido en las normas subsidarias, así como la ausencia de red de saneamiento para las viviendas, la apertura de viales en pleno monte o la instalación de un tendido eléctrico sin declaración de impacto ambiental.

Un portavoz del colectivo resalta "la impunidad" con la que actúa el promotor y en paralelo "la pasividad" del Ayuntamiento a la hora de vigilar si las obras cumplen o no la ley.

El grupo conservacionista apunta a otra amenaza en ciernes contra el suelo agrícola y forestal del término: la puesta en marcha de tres planes parciales, que en total prevén más de 2.000 nuevas viviendas, extremo que multiplicaría por diez la población del municipio. Las iniciativas se localizan en el área de amortiguación de impacto ambiental del parque natural del Marjal Pego-Oliva. Los programas están pendientes del visto bueno del Consell. El grupo Gelibre reclama la elaboración de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) antes de autorizar esos Programas de Actuación Integrada (PAI). "Las actuales normas están obsoletas", precisa el portavoz ecologista.

El promotor de uno de esos PAI también ha sido denunciado por Gelibre ante la Guardia Civil por la construcción de una casa en suelo forestal, en la partida de Forna.

El alcalde, Manuel Reig, del PP, resta importancia a la denuncia y defiende la legalidad de las construcciones. "Todos los chalés se han hecho con licencia para vivienda de labranza, y están autorizados por la consejería", admite el primer edil, en el cargo desde hace 28 años. El regidor justifica así el visto bueno a las obras: "Una casa de labranza es una vivienda, ¿o no?".

Reig dijo desconocer si los chalés cuenta con red de saneamiento y depuración de aguas residuales y también si conforman un nuevo núcleo urbano. "Agua sí que tienen", aseveró. El alcalde indicó que el Ayuntamiento tiene previsto dotar al municipio de un PGOU aunque declinó desvelar las líneas maestras del documento.