El doble rasero del Consell

Los trámites urbanísticos de los chalés que se levantan en L'Atzúvia y de los construidos en Catral (La Vega Baja) son como dos gotas de agua. Sin embargo, el Consell ha reaccionado de manera diferente: con rapidez y contundencia en el segundo caso y con mucha calma en el primero. Catral tenía alcalde socialista y el que tiene L'Atzúvia desde hace casi tres décadas es del PP.

El grupo Acció Ecologista-Agrò presentó el pasado 16 de enero ante la entonces Consejería de Territorio y Vivienda un escrito denunciando irregularidades urbanísticas en la construcción de macrochalés en suelo agrícola y forestal de protección en el término de L'Atzúvia. El departamento que dirigía Esteban González Pons respondió a los ecologistas casi cuatro meses después, el pasado 24 de abril, de la siguiente guisa: "Acusamos recibo de su escrito [...], significándole que en esta misma fecha se inician actuaciones con objeto de constatar fehacientemente lo manifestado en su escrito".

Y mientras, el promotor alemán sigue a toda máquina levantado chalés. El empresario completa su obra con una intensa campaña de publicidad sobre su oferta inmobiliaria en los bucólicos parajes de L'Atzúvia tanto en el ámbito local, mediante anuncios en la prensa, como en el mercado europeo, a través de Internet.

Los ecologistas remitieron el pasado 21 de junio otro escrito a Medio Ambiente incidiendo en esa situación y reclamando información sobre el estado del expediente. No han tenido respuesta, porque la Consejería aún no ha iniciado ninguna investigación. "Hemos enviado la documentación a los servicios jurídicos del Consell para que la analicen. La consejería actuará en función del informe de los juristas", señaló el viernes un portavoz de la consejería, ahora en manos de José Ramón García Antón.

En cambio, en el caso de los chalés ilegales de Catral (1.200 viviendas), el Consell cortó por lo sano. El 3 de octubre de 2006, la Consejería de Territorio y Vivienda adoptó una medida inédita en el urbanismo valenciano: retiró las competencias al municipio, entonces gobernado por el socialista José Manuel Rodríguez Leal. Ahora, y tras la llegada al gobierno local del PP, el Ayuntamiento y la Generalitat han restablecido sus relaciones y han creado un consorcio para redactar el nuevo PGOU.

Otra iniciativa del nuevo equipo de gobierno ha sido retirar el contencioso que el anterior regidor tenía contra el Consell en el Tribunal Superior de Justicia precisamente por la retirada de las competencias urbanísticas. Igualmente, los populares han decidido que el Consistorio se personase en la causa abierta por estos hechos y en la que están imputados el ex primer edil Rodríguez Leal y dos promotores.