Conspiración francesa

La inculpación judicial por "complicidad en denuncia calumniosa y en el uso de falsos documentos, y abuso de confianza" del ex primer ministro francés Dominique de Villepin saca a flote las conspiraciones que se llevaron a cabo desde el anterior Ejecutivo para intentar, sin éxito, cerrar el paso del Elíseo a Nicolas Sarkozy. Naturalmente, a Villepin le ampara la presunción de inocencia. Pero las medidas tomadas por los jueces dejan en mal lugar a la Administración de Jacques Chirac.

A Villepin, que niega haber participado en "maniobra política alguna", se le ha prohibido hablar, entre otras personas, con el ex presidente, y éste, que está siendo inculpado por otros asuntos relacionados con la financiación de su partido cuando era alcalde de París, se ha negado a declarar en el caso Clearstream, refugiándose en la inmunidad presidencial por las decisiones tomadas durante su mandato. Villepin ha pedido más tiempo para examinar el dossier. Hasta ahora no ha exigido, como podría, que por su anterior cargo el caso pasara a la Corte de Justicia de la República.

Sarkozy nunca planteó públicamente conceder un indulto general ni a Chirac ni a Villepin, quizás porque quería aclarar ante la justicia este caso sucio que se montó contra él desde las filas de sus propios compañeros de partido y de Gobierno. El caso Clearstream hace referencia a cuentas en Luxemburgo que apuntaban a Sarkozy y algunos allegados, en las que se habrían cobrado comisiones por la venta de 11 fragatas a Taiwan en 1991: todo se ha demostrado falso.

En esta conspiración están involucrados también los servicios secretos, el testimonio de uno de cuyos mandos, el general Rondot, ha sido decisivo para poner en marcha las inculpaciones. La cuestión es hasta qué punto las órdenes de investigar a Sarkozy y montar este caso partieron del entonces presidente de la República, como mantiene Jean Louis Gergorin, ex vicepresidente de EADS y pieza fundamental para aclarar lo ocurrido.

Sarkozy puede estar empezando a saborear la venganza contra sus rivales. Sin embargo, el caso puede acabar salpicando a su actual Gabinete, pues la actual ministra de Interior, Michèle Aillot-Marie, entonces titular de Defensa, pudo estar enterada del caso semanas antes de que estallara, pero calló. Con el caso Clearstream, es toda la manera de funcionar de los años Chirac -en los que Sarkozy fue ministro- la que está en tela de juicio. En este sentido, es una "cuestión de Estado", y no, como aseguró Villepin en mayo de 2006, un "petardo mojado".