La ley de las cuatro alturas entra en vigor la semana próxima

La oposición recurrirá al Constitucional la normativa que limita las plantas de los edificios

"Las leyes son como las salchichas, es mejor no ver cómo se hacen". La frase es de Otto von Bimarck, el canciller de hierro de Prusia. Y se la recordó ayer en el pleno de la Asamblea el diputado socialista Modesto Nolla a la presidenta Esperanza Aguirre, para añadir lo siguiente: "Viéndola a usted, por el bien de la salud pública, le recomiendo que nunca haga salchichas". Así se refería a una ley aprobada con prisa y sin atender a la oposición.

Aguirre comenzó la legislatura aludiendo a conceptos como "consenso" y "diálogo". Pero ayer pasó el rodillo de su mayoría absoluta en el último pleno del curso y aprobó la Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid: 67 votos a favor (PP) y 51 en contra (PSOE e IU). La próxima semana entrará en vigor, según planea el Gobierno. Regirá al día siguiente de publicarse en el BOCAM.

El pleno de la Asamblea aprobó el texto con la mayoría absoluta del PP

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Aprobada por un procedimiento de urgencia justificado sólo con criterios de "utilidad", la ley incluye polémicos artículos como la limitación a tres alturas y ático de los edificios (excepto los que la Comunidad considere "singulares"), el que obliga a los agentes forestales a pedir autorización a un juez para entrar en fincas privadas (que representan el 75% de los montes de la Comunidad) o el que suprime incompatibilidades de los cargos públicos. Este último apartado permite, por ejemplo, que altos cargos del Gobierno entren en el consejo de Caja Madrid, sean profesores de la universidad o que los viceconsejeros sean diputados. Todo ello percibiendo el correspondiente doble sueldo.

El pleno se liquidó en apenas una hora. Una exposición de cada uno de los portavoces de los tres grupos políticos, y la votación de las enmiendas, que sólo incorporó ocho de carácter técnico y gramatical de las 49 que propuso el PSOE, ninguna de las 28 que presentó IU y las siete que aportó el PP, entre ellas la que mantiene a los agentes forestales el "carácter de autoridad" y la "consideración de Policía Administrativa Especial" que derogaba el texto inicial. Pero se mantienen limitaciones fundamentales en la redacción final, como la que les impide entrar en fincas privadas sin mandamiento judicial (excepto en caso de incendio).

Los representantes de la oposición, Modesto Nolla (PSOE) y Gregorio Gordo (IU), criticaron duramente el texto y anunciaron que presentarán un recurso al Tribunal Constitucional. El de IU acusó a Aguirre de realizar "una modificación encubierta de la Ley del Suelo", y de "impedir la participación e información necesaria mediante el procedimiento de urgencia". Además, denunció que el PP da "carta de naturaleza a que el modelo territorial lo fije el mercado". Nolla ironizó sobre la condición de liberal de Aguirre. "Usted lo que hace es imponer libremente su voluntad a los demás".

El portavoz del PP, Antonio Beteta, llegó al estrado como un senador de la antigua Roma. "¿Qué es la ley?", vociferó. "La ley es lo que quiere el pueblo. Y esto es una alegría para un millón y medio de ciudadanos", proclamó, quizá olvidando que ese pueblo, el de Madrid, lo componen cuatro millones y medio más de personas. Beteta justificó la aprobación del texto porque "es útil, necesaria y mejora la transparencia y la calidad de vida".

A las puertas de la Asamblea, un centenar de agentes forestales corearon consignas contra el Gobierno. "Ahora, todo lo que suceda, incendios o accidentes de los propios agentes que los extinguen, será responsabilidad de Aguirre", advirtió José Luis Díaz, portavoz de CC OO.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0025, 25 de julio de 2007.