Guerra de recursos por el suelo y los montes

Los ministerios de Medio Ambiente y Vivienda han criticado con dureza la Ley de Medidas Urgentes para la Modernización, aprobada ayer por el rodillo del PP en la Asamblea de Madrid, el primero por el contencioso con los agentes forestales y el segundo por la limitación de alturas. Todo parece indicar que la disputa la dirimirán los tribunales. El departamento que dirige Cristina Narbona ya ha anunciado hoy la presentación de un recurso de inconstitucionalidad porque, en opinión de Narbona, la polémica normativa entra en colisión con la Ley de Montes. Poco después, el Gobierno de Madrid ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo del Estado, al considerar que "algunos de sus artículos invaden competencias exclusivas" de esta comunidad.

Entrevistada en la Cadena SER, la ministra ha afirmado que su departamento "analizará inmediatamente la presentación de un recurso de inconstitucionalidad" contra la ley, que obliga a los agentes forestales a pedir autorización judicial para entrar en fincas privadas. Y no es una cuestión baladí,, ya que el 75% del monte madrileño está en manos del particuales. Narbona ha señalado que una vez que el Gobierno regional no ha aceptado "ninguna enmienda en esta materia" y "no ha atendido el clamor" contra una ley que, a su juicio, "sólo beneficia a los que tienen montes privados", su Ministerio llevará a cabo "un análisis muy rápido" para decidir sobre la presentación del recurso.

La ministra, que preside la comisión gestora del PSM, ha declarado que la medida "es contrarian a la Ley Básica de Montes, que dice claramente que los agentes forestales pueden entrar, inspeccionar, tomar pruebas y llevar a cabo las actuaciones que crean necesarias para prevenir delitos de carácter medioambiental o urbanístico". Asimismo, ha criticado otros aspectos de la Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración, que, en su opinión, no es "ni urgente ni modernizadora" y sólo favorece a "los propietarios privados de montes" y a "personas de confianza de la presidenta, que van a poder ser miembros del consejo de Caja Madrid".

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En su opinión, la ley "rompe España y no respeta el ordenamiento constitucional". Entre tanto, la Comunidad de Madrid contraataca. El vicepresidente primero, Ignacio González, ha anunciado al término del Consejo de Gobierno que han presentado un recurso al Constitucional, que se basa en que en que el Estado se atribuye en la Ley del Suelo "competencias generales que nada tienen que ver con las materias exclusivas, urbanísticas o de vivienda" para, de ese modo, asumir "competencias que no tiene" en política de ordenación del territorio, del medio ambiente o urbanismo. Estos mismos hechos, ha añadido, motivaron que el alto tribunal "estimase un recurso anterior a éste, también de inconstitucionalidad, que interpusieron algunas comunidades contra la Ley del Suelo anterior".

González ha explicado que la Ley del Suelo "impone un modelo de gestión" del urbanismo "que supone una intromisión directa sobre las competencias urbanísticas de la Comunidad, a la que le corresponde determinar los criterios y sistemas de gestión". Asimismo, ha señalado que "establece criterios generales en política de vivienda que son competencia exclusiva de la Comunidad" o que fija los procedimientos de tramitación, los criterios de organización, los crecimientos y en general que "entra en la capacidad de gestión, de auto organización y ejecución exclusivas de la Administración regional en esta materia". Ha recordado que a la Comunidad de Madrid, y no al Estado, le corresponde organizar el urbanismo de la región, determinar los usos del suelo o la forma de utilización de cesiones de aprovechamiento.

Al margen de esta guerra de recursos, muchos colectivos han cargado de nuevo contra la ley. Los primero, los agentes forestales, que han formado un comité de crisis y amenazan con ir a la huelga. Este comité ha asegurado que, a partir de ahora "queda en manos de la sensatez, la lógica y la justicia" la petición de autorización judicial para entrar a las fincas privadas, que consideran "claramente inconstitucional". Por su parte, la Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid ha señalado que la limitación a tres alturas más ático puede tener "serias consecuencias" en cuanto a "transportes, precios de la vivienda y medio ambiente". La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos ha denunciado la falta de transparencia en la adopción de la ley porque "ha rehuido el diálogo, el debate y la participación ciudadana".