El Congreso refleja las dificultades para aprobar sin cambios los 2.500 euros por hijo

Después de casi dos horas de vapuleo dialéctico en el Congreso a la medida de los 2.500 euros por hijo, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, hizo su interpretación particular: "Si no he entendido mal, todos están de acuerdo en la medida. Y si no, quien quiera votar en contra que lo diga". Efectivamente, nadie anunció su voto contrario a una iniciativa que supone un desembolso de 1.500 millones de euros. Pero las críticas a izquierda -que exigía la progresividad- y derecha -que reclamaba que sea efectiva desde el 1 de enero- mostraron las dificultades para aprobarla tal como está.

El proyecto de ley que implica un cambio notable en la política de ayudas a la familia aún no ha iniciado su tramitación parlamentaria, y ya se ha encontrado con los primeros contratiempos. Ayer, en una simple comparecencia del ministro para explicar la iniciativa, que comenzará a tramitarse en septiembre, Caldera comprobó las dificultades que tendrá para aprobarla tal como está.

La izquierda y el centro-derecha estuvieron de acuerdo en la crítica al ministro, algo poco habitual, pero protagonizaron un debate ideológico últimamente poco frecuenta en el Congreso.

Mientras IU-ICV y ERC defendieron con vehemencia que la ayuda de 2.500 euros tiene que ser progresiva como lo es el impuesto sobre la renta, porque es más justo, PP y CiU se opusieron a esta idea. Y con ellos Caldera, que utilizó el siguiente argumento: "Cuando aprobamos los 15 días de paternidad no me pidieron que fueran progresivos". "¡Es que no pueden serlo!", le gritaban desde los bancos de IU-ICV.

"La fuerza de esta medida tiene que ver con su universalidad", siguió Caldera. "Este es un país de clases medias. Las madres menores de 45 años con más de 60.000 euros de renta son 67.000. Esto es, sólo el 1,09% de las madres en edad fértil superan ese umbral. Sólo la complicación de gestionar esa progresividad costaría más dinero".

La progresividad la defendieron tanto Joan Herrera, de IU-ICV, como Georgina Oliva, de ERC. Esta última propuso incluso una fórmula: limitarla por debajo de 50.000 euros de renta. Con el ahorro se podrían dar hasta 3.500 euros por hijo en las clases bajas, sostuvo.

Herrera puso tres condiciones para que IU-ICV apruebe la medida en septiembre: que se gaste este año en la Ley de Dependencia lo mismo que en la medida de apoyo a la natalidad, 1.500 millones de euros. Que se haga progresiva y que se garantice la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, algo más importante, para IU-ICV, que esta subvención.

Los partidos con influencia democristiana, especialmente los nacionalistas CiU y PNV, aunque también el PP, recordaron que la izquierda española estaba muy alejada hasta hace pocos años de las políticas de fomento de la natalidad porque las consideraba "carcas". Y felicitaron al PSOE por haberse apuntado a este carro. Caldera aseguró que el PP apenas ha promovido medidas a favor de la natalidad -salvo los 100 euros al mes para madres trabajadoras hasta los 3 años del niño- y calificó los 2.500 euros como una "revolución en la ayuda a las familias". Emilio Olabarria, del PNV, le criticó la fórmula legal elegida. "Lo que le pasó al Gobierno", explicó, "es que quería hacer una subvención natalista. Pero luego se han dado cuenta de que no tenían competencias, porque está transferido, y han hecho esto, que provoca incertidumbre". "El Gobierno lo ha hecho mal", sentenció Carles Campuzano, de CiU. "Constatamos la soledad del Gobierno. Nunca una medida con tanto presupuesto había recibido tan poco entusiasmo", sentenció Miguel Barrachina, del PP.