PP y CiU exigen dar los 2.500 euros a todos los nacidos este año
La izquierda y la derecha criticarán hoy a Caldera por la iniciativa
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, acudirá hoy al Congreso a explicar la iniciativa de los 2.500 euros por hijo y se encontrará con un ambiente hostil. El PP pedirá más dinero y coincidirá con CiU en la exigencia de que la medida se haga extensiva a todos los niños nacidos en 2007 -el Gobierno la quiere aplicar desde el 3 de julio, cuando la anunció el presidente-. La izquierda criticará que no haga distinción de renta.
Es una medida de impacto, que implica un desembolso muy importante por parte del Estado -la memoria económica presentada ayer lo calcula en más de 1.500 millones de euros- pero no va a contar con el apoyo entusiasta de ningún grupo, salvo el PSOE.
Los 2.500 euros volverán hoy al Congreso, esta vez con todo tipo de detalles, después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, marcara el debate del estado de la nación con su anuncio estrella, esta vez más estrella que nunca: todos los niños nacidos a partir de ese día -3 de julio- llevarían debajo del brazo 2.500 euros para sus padres, pagados por el Estado.
El Gobierno, que no cuenta con mayoría absoluta, necesitará el apoyo de algún grupo para sacar adelante la medida en el Congreso, a partir de septiembre. Por eso modificaciones como la de hacer extensiva la medida a todos los nacidos en 2007 podrían prosperar si los grupos se pusieran de acuerdo y presionaran al PSOE.
Precisamente la cercanía de las elecciones parece estar marcando los discursos de los tradicionales socios del Ejecutivo. El Grupo de IU-ICV, que ha apoyado todas las medidas sociales del Ejecutivo durante esta legislatura, aseguró ayer que de momento no está dispuesta a apoyar la medida porque no le satisface cómo se ha planteado. A este grupo, como a otros, no le gusta, por ejemplo, que la ley social estrella del Ejecutivo, la de dependencia, apoyada por la izquierda con entusiasmo, esté dotada de 400 millones de euros para su implantación mientras esta medida decidida a última hora cuente con más de 1.500 millones.
El Gobierno, en la memoria económica, calcula que afectará a unas 479.000 madres. Teniendo en cuenta que el índice de natalidad está en 1,3 en España, la cifra que da es de 622.700 niños al año. El 80% de ese coste corresponde a la deducción del IRPF. El otro 20% se imputará al presupuesto de la Seguridad Social como prestaciones no contributivas.
Zaplana (PP): "Queremos 3.000. La forma es propia de otros regímenes"
Eduardo Zaplana, portavoz del PP, quiere más dinero y que se aplique desde el 1 de enero de este año: "Sale Zapatero en la tele diciendo que es el gran reformador de la política social. ¿Qué ha hecho? ¿Cuándo se ha acordado de las familias? Ahora viene con un cheque-aguinaldo y dice: 'Fíjese qué política social estamos haciendo'. Vamos a darle un mínimo de sentido a la medida. Que se aplique desde el 1 de enero de 2007, no como cuando llegó Zapatero al debate y dijo: 'Desde hoy', propio de otros regímenes políticos. Y en coherencia con nuestro programa electoral, que sea un mínimo de 3.000 euros".
Campuzano (CiU): "Criticamos la forma en la que se ha planteado"
Carles Campuzano, portavoz de CiU, considera la medida insuficiente: "Criticamos la forma en la que se ha planteado. Llevamos años reivindicando políticas de apoyo a las familias jóvenes, y cuando llega una medida que implica un notable cambio de orientación, aparece en medio de un debate, sin una reflexión seria. A partir de ahí, sea bienvenida: tenemos un grave problema en políticas de apoyo a las familias jóvenes. Queremos mejorarla en el trámite parlamentario. Para empezar, que se aplique desde el 1 de enero. Y después, que se plantee una política global, y no sólo ayudas puntuales como ésta".
IU-ICV y ERC: "No dar lo mismo a las familias ricas que a las pobres"
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, reprochó al Ejecutivo que esta medida "tenga un carácter universal para toda unidad familiar que tenga o adopte un nuevo hijo, con independencia de su renta. Pedimos una graduación en función del nivel económico familiar". La diputada de ERC Georgina Oliva coincide: "Se trata de una medida homogeneizadora. No tiene en cuenta el poder adquisitivo de las familias. ¿Eso es progresista?". Llamazares apuntó que este dinero "podría dedicarse, por ejemplo, a garantizar la gratuidad de las guarderías y de la educación de cero a tres años".
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