Imputadas otras dos ex altos cargos del PP por tráfico de influencias en el 'caso Fabra'
Dolores Flores y Pilar Máñez eran directoras generales en los Gobiernos central y valenciano
La ex directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad Dolores Flores y la ex directora general de Calidad Ambiental de la Generalitat valenciana Pilar Máñez deberán declarar como imputadas por un presunto delito de tráfico de influencias ante el Juzgado de Nules que instruye las diligencias del llamado caso Fabra. Ambas habrán de aclarar si realizaron alguna gestión para autorizar productos fitosanitarios que fabricaba Vicente Vilar, el empresario que acusó al presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, de cobrarle a cambio de favores políticos.
Sus interrogatorios como imputadas ya habían sido aceptados por la Audiencia pero sólo con la acusación de su presunta responsabilidad en un delito contra la salud pública, dada la repercusión que los fitosanitarios otorgados de forma irregular podrían tener en la agricultura. Sin embargo, la acusación particular, que está representada por la Unión de Consumidores y Usuarios (UCE), alegó que su participación fue crucial y que de la actuación de ambas se podían derivar conductas relativas a delitos contra la Administración publica, entre los que se halla el tráfico de influencias. La titular del Juzgado número 1 de Nules rechazó la petición de la UCE, que finalmente la Audiencia de Castellón ha admitido.
Dolores Flores era directora general de Salud Pública en la época en que Celia Villalobos desempeñó la cartera ministerial dentro del Gobierno de José María Aznar. Las autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios que, supuestamente, Carlos Fabra trataba de agilizar tenían que pasar, en primer lugar, por el examen del Ministerio de Sanidad.
En julio de 2002, la directora general remitió un escrito al presidente de la Diputación de Castellón en el que le "detallaba" los nombres de los productos que ya habían logrado la autorización de Sanidad y que iban a ser remitidos al Ministerio de Agricultura para la aprobación definitiva. Entre los que enumeraba, se encontraban las sustancias para las que el empresario Vicente Vilar esperaba respuesta.
Flores, cuyo fax fue aportado por el propio Vilar al juzgado, explicitaba en el escrito: "En unos días espero que pueda salir la mayoría". Y se despedía con "un abrazo". La propia ex directora general de Salud Pública reconoció que la firma era la suya. Cuando Vicente Vilar implicó a Dolores Flores en el llamado caso Fabra se refirió a ella como "amiga de Ana Botella", a la que el propio Fabra conocía por sus veraneos en Les Platgetes (Oropesa). Flores ocupa actualmente la Dirección General de la Infancia en el Ayuntamiento de Madrid.
En el caso de Pilar Máñez, su participación se remonta a la época en la que desempeñaba la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat valenciana. Según Vicente Vilar, su empresa Naranjax trataba de obtener una autorización como firma gestora de residuos para el tratamiento de pieles y su conversión en abono.
La solicitud se remontaba a 1999, pero la Consejería de Medio Ambiente estuvo durante años poniendo trabas y exigiendo documentación a la empresa hasta que, en enero de 2002, la directora general recibió al propio empresario, acompañado de Carlos Fabra. Dos días antes de la reunión, Vilar remitió a Fabra el informe redactado por sus técnicos y el nombre del técnico de la Dirección General que supervisaba el expediente. El líder del PP de Castellón reconoció ante el juzgado haber asistido a la reunión. Un mes después, la Generalitat valenciana concedió la resolución favorable para la gestión de residuos.
La imputación de las dos ex altos cargos del PP se suma a la del ex director general del Ministerio de Agricultura Rafael Milián, el secretario general de Gestión Sanitaria, Rubén Moreno, el ex subdelegado del Gobierno en Castellón Vicente Sánchez Peral, así como el ex diputado por Castellón en el Congreso Miguel Prim.
