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El responsable de prisiones defiende vigilar de por vida a los violadores reincidentes

El secretario de Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil de la Generalitat, Albert Batlle, considera que el sistema que opera en países como Reino Unido, que prevé la vigilancia de por vida de determinados presos, como los que han cometido delitos sexuales, es "una modificación legislativa que convendría estudiar", siempre y cuando éstos participen de forma voluntaria en la medida.

Batlle recordó que la legislación española no prevé "un control social de por vida", una medida "inconstitucional" que se traduciría en una "cadena perpetua" cumplida en régimen abierto. Reino Unido, sin embargo, dispone de un registro oficial de violadores y pederastas que informan regularmente a la policía o a funcionarios del registro sobre su paradero.

En referencia a los casos de Alejandro Martínez, el segundo violador del Eixample, que está ya emn libertad, y de José Rodríguez, el violador de Vall d'Hebron, que podría salir pronto, Batlle explicó que "en el marco legal que tenemos actualmente, la única posibilidad de intervención poscondena es el sometimiento a control voluntario de la persona que ha cometido este tipo de delitos". "A una persona que haya cometido un delito violento o de agresión sexual le podemos brindar, cuando haya salido de la cárcel, que asista a programas de seguimiento, pero siempre de forma voluntaria, no los podemos imponer", señaló.

Combatir la reincidencia

El secretario de Servicios Penitenciarios afirmó que, durante el proceso de ejecución de la condena, "se procura trabajar para disminuir al máximo el riesgo de reincidencia" de los reclusos que han cometido delitos que se consideran "especialmente graves. "Ésta es la función que nosotros hacemos y la hacemos en el periodo que la podemos hacer, el de ejecución de la condena", aseveró.

Batlle aseguró que los casos de agresores sexuales han disminuido y que, aunque "puede haber situaciones de alarma por las excarcelaciones", tenemos "una muy buena racha" y "hemos mejorado en el conjunto de los delitos contra la libertad sexual".

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El alto cargo de Prisiones evitó referirse a la petición de la Fiscalía de recurrir a la doctrina Parot -que permite aplicar los beneficios penitenciarios en cada condena impuesta y que los reclusos cumplan íntegramente la pena máxima prevista por la ley- para evitar la puesta en libertad en septiembre del violador de la Vall d'Hebron, quien, tras cumplir 16 de los 311 años de condena que se le impusieron por 16 violaciones, presenta riesgo de reincidencia. "Esto forma parte de las competencias del ministerio fiscal y del órgano judicial, que deben tomar la determinación", señaló Batlle, quien explicó que la Generalitat está a su disposición "para los asesoramientos que convengan o para dar información con relación a la condena".

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