Las puertas del Alcázar están más cerca

Tres días antes de las elecciones municipales de mayo, el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, lanzó una idea que levantó sorpresa y críticas casi a partes iguales: expropiar y derruir ocho inmuebles de la calle San Fernando para habilitar tres nuevos accesos al Real Alcázar. La propuesta, un viejo proyecto que quedó en el olvido y rescató Monteseirín, sonó tan atrevida en vísperas de los comicios, que unos (entre ellos los rivales del alcalde en las urnas y los vecinos amenazados de expropiación) lo tacharon de "una barbaridad electoralista" y otros pensaron que se trataba de un globo sonda para medir la opinión ciudadana.

Pero el gobierno municipal, una vez revalidado en las urnas, sigue adelante con el plan y la Gerencia de Urbanismo tiene preparado el documento que servirá de base para llevarlo a cabo. El informe, que incluye las condiciones técnicas y administrativas para desarrollarlo, está encabezado con el siguiente epígrafe: "Estudio por parte del Ayuntamiento de la accesibilidad a los jardines de los Reales Alcázares desde la calle San Fernando, mediante la expropiación de los inmuebles ubicados en esta vía y su demolición selectiva".

Urbanismo ha iniciado ya el plan que anunció Monteseirín en la campaña electoral

El actual cerramiento sur del Alcázar -una muralla "sin valor cultural o patrimonial", según el documento- discurre paralelo y a escasos metros de la calle San Fernando, recientemente peatonalizada. Según el texto, una hilera de inmuebles "se ha adueñado de este espacio privilegiado de la ciudad" y "hurta" a los sevillanos y a los visitantes "la posibilidad de contemplar y acceder" al Alcázar "desde el principal eje peatonal, monumental y turístico" de la ciudad.

La idea lanzada en mayo por el alcalde consistía en expropiar y derruir sólo los edificios no catalogados de la calle (los números 7 y 9; 19 y 21; y 29, 31 y 33), ocupados por viviendas y comercios, en su mayoría bares. En los huecos que dejen, el gobierno municipal planea habilitar tres accesos peatonales a los jardines del monumento. El objetivo, además de hacer más accesible el monumento, se enmarca en un proyecto municipal para prolongar la peatonalización de la avenida de la Constitución y San Fernando, al Prado de San Sebastián y el rectorado de la Universidad.

El Ayuntamiento llegó a barajar la expropiación de todos los edificios de ese lado de la calle San Fernando y así queda recogido en el documento: los no catalogados se derruirán y los catalogados, que no se pueden tirar, quedarían para viviendas de protección oficial "u otros usos sociales". Sin embargo, fuentes de Urbanismo aseguran que el interés por expropiar los catalogados "ha decaido" y que el proyecto, definitivamente, se centrará en los que se pueden derruir. "La idea es limpiar lo más posible la calle San Fernando, pero no se trata de expropiar para mantener en pie. Sino de expropiar para tirar", explican estas fuentes.

El principal obstáculo para no expropiar toda la vía es económico. "Es carísimo. No compensa si hay que mantenerlos en pie", reconocen fuentes municipales. Aunque los técnicos no han calculado aún el justiprecio de la operación, sí que han constatado que el valor catastral de los edificios por cuya expropiación va a apostar finalmente el gobierno asciende a 13 millones de euros. Pero saldrá más caro: "Los técnicos nos dicen que como hay un uso residencial, el justiprecio será más elevado", adelantan fuentes de Urbanismo.

El plan se va a llevar en primera instancia a la comisión provincial de patrimonio, un órgano que propuso Monteseirín en la campaña electoral y que el gobierno pretende que esté funcionando en octubre. Esta comisión se encargará de emitir informes, preceptivos pero no vinculantes, sobre todas las actuaciones que se hagan en el centro histórico.

Cuando opine la comisión municipal, el plan llegará a los órganos de gobierno de Urbanismo y del Patronato del Alcázar. La idea es que el plan especial en el que se enmarcará el proyecto esté ya en marcha entre noviembre y diciembre. Pero para que sea viable, deberá pasar por la Comisión provincial de Patrimonio de la Junta. El delegado provincial, Bernardo Bueno, cuestionó la legalidad del proyecto cuando el alcalde lo hizo público, pero en el supuesto de que diera el visto bueno, el calendario que barajan los responsables municipales pasa por iniciar el proceso de expropiación la próxima primavera.

Sobre lo que pueda durar no hay estimaciones, pero todo apunta a un largo litigio. "Sabemos que la oposición de los vecinos es radical", reconocen fuentes de Urbanismo. "Pondremos en marcha el proceso para expropiar, pero intentaremos llegar a un convenio de expropiación. Cuando vean que la decisión es inamovible, intentaremos un pacto económico".