Instrucción judicial en vía muerta

Los juzgados de Alicante acaparan siete de las investigaciones judiciales más llamativas de la Comunidad Valenciana con el transfondo de la corrupción como hilo conductor. Una característica común a este ramillete de sumarios estrella es el parón en las diligencias tras el arreón inicial a consecuencia del impacto mediático. El cansino tiempo procesal se repite en cada una de las causas, desde la primera y más voluminosa -la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra el Consistorio de Orihuela por 16 casos de corrupción urbanística y contable- hasta la más reciente y directamente relacionada con el Ayuntamiento oriolano, el supuesto soborno por la contrata de la basura, pasando por el sumario por un caso similar en la contrata de basura de Xàbia.

Los cargos imputados cuentan con equipos capaces de llevar al límite el tiempo procesal

Fuentes judiciales consultadas por este periódico achacan la fatigosa instrucción de las causas en las que están implicados cargos públicos, además de a la inercia de la burocracia judicial, a los potentes recursos de los encausados, respaldados por experimentados despachos de abogados capaces de exprimir al máximo los vericuetos del procedimiento a base de recursos que dilatan sine díe los procesos. El supuesto desfalco de seis millones de euros en Mercalicante, en el que está imputado el alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, es uno de los paradigmas de esta situación: cinco años después, el sumario está abierto. Y la recién adquirida condición de aforado del regidor amenaza con devolverlo al punto de partida. La causa, por imperativo legal, tiene que pasar a la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Comunidad Valenciana. Otro lugar común a los sumarios con cargos públicos procesados ha sido con frecuencia la celebración de la vista oral décadas después de cometerse los hechos. Llegado ese momento, los acusados suelen conformarse, al rebajar el ministerio fiscal la pena por "dilación indebida". Ejemplos de este tipo de resoluciones hay varios. El último el del ex alcalde de Muro de Alcoi, José Gosálvez, del PP, que hace unas semanas cerró su procesamiento por prevaricación a cambio de una multa de 600 euros.

- 16 causas y sólo tres imputados. El 14 de marzo de 2006 el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, presentó una denuncia general contra el Consistorio de Orihuela por supuestos delitos de corrupción derivados de la gestión urbanística y contable. Un mes después, el ministerio público desglosó la acusación en una causa principal contra el ex alcalde, José Manuel Medina, del PP, y 15 secundarias. Un año y dos meses después, en la causa principal sólo ha declarado (septiembre de 2006) como imputado el ex regidor. Medina admitió parcialmente la acusación, es decir, que usó bienes (un Rolls Royce y un chalé) propiedad de un promotor beneficiado con adjudicaciones urbanísticas municipales. No se ha practicado ninguna prueba testifical ni documental nueva, aparte de reclamar al Consistorio la documentación sobre el plan general urbano. En las 15 causas secundarias, sólo ha habido declaraciones de imputados en una de ellas. Ningún imputado más en el resto de 14 sumarios, donde los jueces se han limitado a pruebas testificales preliminares, es decir, el interrogatorio a los portavoces de la oposición, y del ex interventor de la Corporación, José Manuel Espinosa, testigo de cargo del fiscal.

- Extorsiones de ida y vuelta. El segundo sumario que afecta de pleno al Ayuntamiento de Orihuela está relacionado con el supuesto soborno por la contrata de basura del municipio recogido en una conversación grabada entre el industrial afín al PP Ángel Fenoll y el ex concejal del Centro Liberal, Jesús Ferrández. El industrial difundió la grabación el 21 de marzo de 2006. Inicialmente, el concejal presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción de Alicante por supuestas injurias. La Fiscalía archivó esa denuncia y abrió otra investigación, en este caso por los supuestos delitos de extorsión, cohecho y tráfico de influencias. El ministerio público trasladó su escrito al juzgado el pasado mes de abril. La juez encargada de la investigación, la magistrada Nuria Soler, titular del juzgado número 3 de Orihuela, decretó el secreto del sumario. El 28 de mayo acordó las primeras diligencias: la detención del industrial Fenoll y cinco personas más de su clan empresarial por supuesta extorsión. Entre los detenidos estaba su gerente, y a su vez, edil electo del PP en Albatera, Javier Bru. El 2 de junio ordenó el ingreso en prisión de tres de los arrestados (Fenoll, Bru y el hijo del empresario). El 29 de ese mismo mes accedió a su excarcelamiento (medida que había rechazado una semana antes alegando posible obstrucción a la justicia y destrucción de pruebas) mediante el pago de una fianza. La magistrada mantiene secretas las diligencias y sólo ha trascendió la práctica de una nueva prueba: la petición al Ayuntamiento de la declaración de bienes del ex edil Ferrández.

- Soborno de Xàbia. La instrucción por un supuesto soborno por la contrata de la basura de Xàbia de la constructora FCC denunciado por el PSPV a mediados de diciembre de 2006 sigue estancada medio año después. La juez del caso, la titular del juez del Juzgado número 4 de Dénia, se ha limitado a tomar declaración el pasado mes de marzo, como imputados, a dos directivos de la mercantil, y tres semanas después al ex concejal socialista Pascual Codina, en calidad de testigo. El segundo testigo del supuesto intento de pago de comisiones ilegales (también grabado en DVD), el ex asesor del grupo socialista José Luis Sánchez Mantilla, todavía no ha sido interrogado por la juez. La magistrada no ha acordado ninguna diligencia sobre una segunda denuncia de los socialistas que afecta a la otra empresa aspirante a la contrata, la firma Cespa. El estado de la investigación es una incógnita, dado que la juez y el secretario están ahora de vacaciones, según han señalado fuentes del Tribunal Superior de Justicia.

- Caso Catral. La investigación por la masiva construcción de casas en plena huerta del término de Catral, en suelo no urbanizable y sin licencia de obras, presenta idénticos síntomas de parálisis que los tres casos anteriores. La juez del caso, Natividad Navarro, titular del juzgado número 5 de Orihuela, archivó primero una denuncia presentada en agosto de 2004 por la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU). A raíz de la polémica suscitada por la intervención de las normas urbanísticas del municipio por parte del Consell, la magistrada reabrió el sumario a principios del pasado mes de enero. Desde entonces, la juez se ha limitado a tomar declaración a principios de febrero como imputados al ex alcalde, José Manuel Rodríguez Leal, y dos empresarios. La magistrada instructora no se ha pronunciado todavía sobre la nueva batería de pruebas propuesta por la acusación particular que ejerce el colectivo AECU, que demanda la imputación de los cuatro ediles de la comisión de gobierno y nuevos constructores, entre ellos familiares directos del ex regidor.

- Multimillonaria plusvalía en el limbo. Pedro Ángel Mateo, alcalde de Torrevieja, del PP, compró una finca rústica en 2000 por 180.000 euros y la vendió dos años más tarde por 5,4 millones. A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el juzgado número 4 de Torrevieja inició una investigación por un supuesto delito de tráfico de influencias y uso privilegiado de información. El regidor declaró como imputado el 28 de octubre de 2005. Desde esa fecha está pendiente la práctica de la prueba testifical que propone la acusación particular, entre otros, el promotor que vendió y compró la finca al alcalde. Este caso sufrirá un parón añadido al tener que pasar al TSJ porque el alcalde es diputado autonómico.

- Supuesto torturado a la fuga. Las supuestas torturas de agentes de la Policía Local de Torrevieja a un inmigrante guatemalteco polarizaron la atención informativa el pasado mes de agosto. La juez tomó declaración como imputados a 13 agentes. Éstos siguen imputados. Mientras, la magistrada citó el pasado día 12 al denunciante para celebrar una prueba constitutiva. Y ello pese a la evidencia de que el denunciante está en paradero desconocido. Otro juez, en este caso de Orihuela, lo ha citado sin éxito en el último año hasta en seis ocasiones.

- El rey de los recursos. El sumario que amenaza con batir todas las marcas de dilación de la instrucción es la causa abierta al ex consejero del PP Luis Fernando Cartagena, por un supuesto delito fiscal derivado de la contratación de primas únicas. La investigación comenzó en 1992 y 15 años después todavía no se ha superado la fase de la calificación inicial. Parte de ese tiempo se ha agotado en recursos y contrarrecursos sobre qué juzgado era el competente para instruir el caso. Tras decidirse que la oficina judicial competente era la número 4 de Orihuela, el fiscal presentó en noviembre de 2006 su escrito inicial con una petición de tres años de cárcel para el acusado.