La investigación ve "llamativos incrementos patrimoniales" en los imputados de Armilla

La investigación de la Guardia Civil en el caso del centro comercial de Armilla (Granada) ha detectado "incrementos patrimoniales inmobiliarios muy llamativos" en los imputados, entre los que figuran el ex alcalde José Antonio Morales y el ex concejal de Urbanismo Gabriel Cañavate, del PSOE. Los agentes destacan que dichos incrementos "no concuerdan con los ingresos por trabajo y rendimientos del capital inmobiliario", además de señalar que algún imputado posee hasta 33 cuentas bancarias. El PP exigió ayer la dimisión como consejero de Caja Granada de Morales, renuncia que éste ya había solicitado.

La unidad del Equipo de Patrimonio de la Guardia Civil indica en un oficio remitido al juez instructor del caso, Miguel Ángel del Arco, que existe un desfase entre los ingresos y el patrimonio de los imputados. Los agentes pretenden despejar la duda del delito de cohecho (soborno), que planea sobre los responsables que aprobaron la construcción del polémico y colosal centro comercial Parque Nevada en Armilla, junto a su famoso promotor, Tomás Olivo.

El ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate dimitió el pasado octubre tras salir a la luz su patrimonio, y a pesar de que argumentó que le había tocado la lotería, cesó en sus cargos como concejal y vicepresidente de la Diputación Provincial. Meses más tarde el PSOE evitó que Morales optara a la reelección como alcalde de Armilla en las pasadas elecciones municipales.

La investigación de la Policía Judicial en marcha destaca asimismo que la mayoría de los imputados tienen a su nombre "un número considerable" de cuentas con distintas entidades bancarias, cuyos movimientos deben ser aún desglosados. "En algunos casos se llegan a contabilizar unas 33 cuentas bancarias, las cuales como titular están compartidas por los principales imputados con familiares de su entorno", destaca el informe policial.

Familiares investigados

Un total de 25 familiares de los imputados en el caso están siendo investigados por Hacienda y la Seguridad Social a petición del juez, que quiere conocer sus situaciones contractuales y económicas. La familia más afectada por la investigación es la del ex concejal de Urbanismo, que ha visto cómo hasta cinco de sus miembros son investigados. También han sido afectados algunos familiares del ex alcalde y del promotor del colosal centro comercial, Tomás Olivo.

Ante las primeras conclusiones de los agentes, el magistrado Del Arco ha acordado en una providencia ordenar a 18 entidades bancarias y seis asociaciones que faciliten los datos de las personas físicas y jurídicas implicadas en el caso, y solicitados por la Policía Judicial. Entre estas entidades figura Caja Granada, de cuyo Consejo de Administración forma parte el ex alcalde José Antonio Morales, y cuyas cuentas en dicha caja de ahorros serán escrutadas.

El ex alcalde se mostró ayer tranquilo respecto a la investigación patrimonial en marcha. "Me alegro porque quiero demostrarle al juez todo mi patrimonio", afirmó. A continuación, recalcó en un comunicado junto a Cañavate la transparencia que han brindado a la investigación: "En varias ocasiones ofrecimos a la Fiscalía del TSJA documentarle detalladamente la procedencia de nuestros patrimonios, sometiéndonos a las investigaciones que se creyeran oportunas".

Ambos ex cargos socialistas censuraron que la Policía Judicial haya cometido "errores de bulto". Entre los desaciertos que denuncian, Morales y Cañavate recuerdan que la gran mayoría de las 33 cuentas bancarias son de titularidad del Ayuntamiento de Armilla, por lo que Morales figura junto a la interventora y el secretario municipal al frente de dichas cuentas.

El Partido Popular exigió ayer la dimisión de Morales como consejero de Caja Granada, y amenazó con desvincularse del conocido como Pacto del Saray, que garantiza un reparto consensuado de los cargos directivos en la entidad bancaria granadina por parte de las fuerzas políticas. "Un señor corrupto debería abandonar inmediatamente los cargos que ocupa en Caja Granada, puesto que la entidad está viéndose ensuciada y vinculada al caso Nevada", denunció ayer el secretario general del PP de Granada, Antonio Ayllón.

Morales aclaró ayer que ya transmitió hace semanas al alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez, su intención de abandonar el puesto como consejero que ostenta desde 2005, y que su dimisión iba a ser aprobada en el próximo pleno municipal. "No me voy porque lo diga el PP, sino porque estaba en representación del ayuntamiento, al frente del que ya no estoy", adujo.

Ayllón pidió de nuevo el cese del jefe superior de Policía de Andalucía Oriental, Luis de Haro, así como del subdelegado del Gobierno, Antonio Cruz, al entender que ambos actuaron "de forma sectaria" porque existieron escuchas telefónicas en el caso Alhendín que afecta al PP, y no en el caso de Armilla, municipio donde gobierna el PSOE.

A las supuestas irregularidades cometidas en la construcción del complejo, entre otras la invasión de zonas verdes y la puesta en peligro de la viabilidad de las obras del Metro, el Seprona ha añadido otra presunta infracción cometida por su colosal tamaño: Los agentes han detectado la invasión de la línea límite de edificación de la Autovía A-44, fijada en la normativa urbanística en vigor.

El polémico centro comercial, cuyas obras han sido suspendidas por el juez, está situado a las afueras de Granada y bordea la autovía de circunvalación de la ciudad. Al parecer demasiado cerca.