Los sindicatos consideran que los decretos de conciliación no suponen mejoras

Los sindicatos recibieron con criticas la aprobación de los nuevos decretos del Gobierno vasco que amplían las ayudas a la conciliación laboral y familiar, y establecen subvenciones para las excedencias y reducciones de jornada para atender a personas dependientes y al cuidado de niños menores de tres años. ELA considera que las medidas aprobadas el martes no suponen mejoras en la conciliación y Comisiones Obreras y LAB las calificaron de parcheos. Las centrales reclaman mejores servicios públicos para facilitar que la vida laboral y las responsabilidades familiares.

La responsable de género en ELA, Amagoia Lasagabaster, subrayó que, "en realidad, la mayor parte de las medidas aprobadas no son nuevas y la incidencia de las que sí lo son resultan muy escasa". ELA reclama que la mejor política de apoyo a las familias es el desarrollo de los servicios públicos de guarderías, residencias y ayuda domiciliaria. "Nada de eso hay en los decretos del Gobierno vasco", apostilló su portavoz.

Lasagabaster defendió que se trata de "una campaña de imagen" para tratar de cubrir "el ridículo" en el que ha quedado el Gobierno vasco cuando Zapatero anunció el pago único de 2.500 euros por nacimiento, "seis veces más que la asignación normal que da el Gobierno vasco en los mismos casos".

Mero parche

La responsable de la Secretaría de la Mujer y Asuntos Sociales de CC OO de Euskadi, Felisa Piedra, considera que las medidas aprobadas son positivas, pero que en lo que tienen de ayuda a las familias son "economicistas y un mero parche". CC OO reclama una política integral que posibilite la conciliación de la vida familiar y laboral a partir de los servicios públicos. En su opinión, los ayudas reguladas en los últimos decretos serán en su mayoría solicitadas por mujeres. "No estamos consiguiendo que las mujeres accedan al mercado laboral y se dé una verdadera conciliación", critica.

La portavoz de LAB, Maixabel Gaztañaga, afirmó que el decreto "no es el camino adecuado para hacer frente a la demanda y necesidad de servicios socio-comunitarios y a la inexistencia de plazas de cero a tres años". Destacó que, aunque las ayudas son mayores para los hombres, "no es una medida válida para que se impliquen en las tareas que les corresponden en el reparto igualitario del trabajo". También criticó Gaztañaga que no se tengan en cuenta los nuevos modelos de familia ni la realidad de la situación de las mujeres en el mercado laboral y la discriminación de las empleadas de hogar y el colectivo de cuidadores de personas dependientes.

Por su parte, Aralar tachó las medidas de "populistas e insuficientes", encaminadas a competir con las aprobadas por el Gobierno central. Como los sindicatos, Aralar exige servicios públicos.