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El juez tiene pruebas de la implicación de Planells en los falsos permisos de trabajo

El ex subdelegado del Gobierno dio órdenes que favorecían a miembros de la mafia rusa

El ex subdelegado del Gobierno en Barcelona Eduard Planells, detenido el lunes y actualmente en libertad con cargos, dio instrucciones para que se aprobasen expedientes irregulares a pesar de saber que no cumplían los requisitos legales, lo que constituye delito de prevaricación. Sus anotaciones manuscritas figuran en una veintena de los más de 30 permisos de residencia y trabajo concedidos a ciudadanos rusos vinculados con las mafias de ese país que han sido examinados y en los que se han detectado irregularidades, según fuentes de la investigación.

Planells quedó la noche del martes en libertad sin fianza, aunque con la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado, pero el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu mantiene contra él los cargos de prevaricación, cohecho y falsedades.

Tras las primeras pesquisas de la Operación Avispa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, a partir de 2005 fueron pinchados los teléfonos de los implicados. Por las propias observaciones telefónicas se supo que algunos de los ahora imputados sospechaban que estaban siendo investigados y hace un mes Planells dejó la subdelegación, por lo que los investigadores decidieron reventar la operación con la detención de todos los imputados para evitar que pudieran ocultar pruebas o ponerse de acuerdo en sus manifestaciones ante el juez.

Servicios personales

Aunque los indicios prueban de forma contundente la existencia de prevaricaciones (dictar a sabiendas una resolución injusta), los cohechos (sobornos) son mucho más difíciles de probar y siguen en fase de investigación. Entre las posibilidades que se investigan figura si el subdelegado cobró en servicios personales alguno de sus favores. Las falsedades aparecen en los certificados del empleador en los contratos de trabajo.

La operativa detectada es la siguiente: los ciudadanos rusos presentaban una supuesta oferta de trabajo de una falsa ONG del mafioso georgiano Malchas Tetruashvili para tramitar un expediente de permiso de trabajo con el que luego obtener la residencia en España. Los expedientes los realizaban los funcionarios investigados, pero siempre era el subdelegado Planells el que daba el visto bueno para su aprobación a sabiendas de que éstos no cumplían los requisitos.

Las irregularidades en los expedientes se iniciaron en 2001. Por aquellas fechas, el diputado de CiU y ex conseller Antoni Fernández Teixidó puso en contacto al mafioso Tetruashvili con Planells, que entonces, bajo el Gobierno del Partido Popular, era el coordinador de extranjería en la subdelegación del Gobierno en Barcelona. Teixidó dijo a Planells que el georgiano tenía un importante negocio de hostelería y necesitaba mano de obra cualificada para trabajar como camarero en su empresa.

Contradicciones

Planells facilitó la tramitación de muchas de las gestiones del mafioso georgiano, aunque el primero niega que se hubiera producido pago alguno por sus servicios. Fuentes de la investigación han señalado que se produjeron importantes contradicciones en las declaraciones ante el juez de Planells y de los funcionarios de la subdelegación del Gobierno Gerardo González Bilbao y Carmen Carballada, así como la del conseguidor Víctor Ambiela, trabajador externo del Consulado de Rusia en Barcelona y supuesto colaborador, según él, del servicio de inteligencia CNI.

Tanto Ambiela como González Bilbao y Carballada quedaron en libertad sin fianza, aunque González Bilbao, como Planells, tiene la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado. Todos ellos siguen imputados por delitos de prevaricación, cohecho y falsedades documentales.

El funcionario Gerardo González Bilbao, a la salida de la Audiencia.
El funcionario Gerardo González Bilbao, a la salida de la Audiencia.EFE

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