La ZAL, lista pero sin actividad

La Zona de Actividades Logísticas (ZAL) era una obra imprescindible para la buena marcha del puerto de Valencia. Su necesidad justificó a mediados de los noventa para la Generalitat, aún presidida por el socialista Joan Lerma, y el Ayuntamiento, en manos de Rita Barberá, del PP, la expropiación de 650.000 metros cuadrados de huerta en La Punta. Entre septiembre de 2002 y marzo de 2003 unos 200 vecinos de la pedanía fueron desalojados, a menudo con presencia policial. Muchos apuraron hasta el último minuto con recursos judiciales y tuvieron que sacar a toda prisa sus pertenencias mientras arrancaba la apisonadora. El último desalojo en septiembre de 2005 también acabó entre protestas.

Las obras no concluyeron hasta enero de 2006. A día de hoy, con los accesos viarios listos desde mayo pasado, no se ha instalado empresa alguna. La ZAL, que costó 100 millones de euros, está parada.

A mediados del año pasado, cuando las previsiones iniciales situaban en la ZAL a los primeros operadores, nada se movía. Los potenciales usuarios seguían a la espera de que concluyeran las negociaciones entre la empresa pública Sepes (ahora adscrita al Ministerio de Vivienda), que desarrolló el proyecto, y VPI Logística, una sociedad estatal participada mayoritariamente por el puerto, y por tanto, vinculada al Ministerio de Fomento. La primera debía transferir la ZAL terminada a la segunda.

Acordado ya el precio de la transferencia, surgieron nuevos problemas. Terminado el proceso de expropiación, Sepes debía registrar la macrofinca resultante antes de tramitar la reparcelación y la transferencia a la empresa del puerto. En ese proceso, a pesar de los años transcurridos, los técnicos se toparon con que en la ZAL había suelo que en origen era de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que no había participado en el asunto. VPI Logística, con el dinero preparado, no tuvo conocimiento de este lío hasta la primavera pasada. La CHJ, a instancias de Sepes, trabaja en el procedimiento para concretar los deslindes de su suelo con el fin de escriturarlo para que Hacienda lo desafecte y transfiera a la ZAL. Fuentes de la CHJ explican que los terrenos se adquirieron para el Plan Sur aún durante el franquismo y se han ocupado progresivamente con infraestructuras sin que se escrituraran estos cambios, por lo que el tema es muy complejo. El organismo ya había puesto en marcha una revisión general de propiedades y deslindes cuando llegó la petición de Sepes, y espera que el procedimiento culmine en unos meses.