Lecciones del diablo

LA COMISIÓN PERMANENTE de la Conferencia Episcopal difundió el pasado 20 de junio un documento contra la Ley Orgánica de Educación (LOE) -complementario de una declaración anterior del 28 de febrero- que condenaba una vez más la asignatura Educación para la Ciudadanía, incorporada con carácter obligatorio y evaluable al plan de estudios de primaria y secundaria: "El Estado se arroga un papel de educador moral que no es propio de un Estado democrático de derecho". Los obispos critican severamente que la nueva disciplina invada terrenos de la Iglesia. Juan Antonio Martínez Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal, afirma que sus contenidos están basados "en el relativismo ideológico y la ideología de género". La jerarquía eclesiástica toca a rebato: "La gravedad de la situación no permite posturas pasivas ni acomodaticias". Los padres de los alumnos y los centros escolares podrán recurrir "a todos los medios legítimos para defender la libertad de conciencia y de enseñanza, que es lo que está en juego". Aunque la declaración sea conscientemente ambigua acerca de los procedimientos idóneos para ese fin, el melifluo portavoz aclaró picaronamente que la objeción de conciencia no está "excluida" del arsenal de armas lícitas.

Los éxitos parciales conseguidos por la Federación Española de Religiosos de Enseñanza sobre los contenidos de la asignatura no han saciado el inagotable apetito del episcopado

Los centros concertados católicos agrupados en la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE-CECA) vienen tratando de acercar posturas con el Estado. Sin embargo, los éxitos parciales logrados por sus representantes en las negociaciones con el Ministerio de Educación sobre los contenidos curriculares de la asignatura -relativos al matrimonio homosexual o a las relaciones de género- no han saciado el inagotable apetito de la jerarquía. Alarmado ante la negativa de la Fere a recurrir a la objeción de conciencia, el cardenal primado y vicepresidente de la Conferencia, Antonio Cañizares, avisa a los colegios católicos del fuerte olor a azufre que despide la Educación para la Ciudadanía: "Los centros religiosos que impartan la nueva asignatura colaborarán con el mal".

La disciplina se estudiará en un curso de primaria (5º ó 6º) y otro de secundaria ( 2º ó 3º); sus contenidos también serán recogidos por dos asignaturas ya existentes: Ética (4º de secundaria) y Filosofía (bachillerato). La incorporación de la materia a los planes de estudio será gradual: siete comunidades autónomas han decidido comenzar por 3º de secundaria. ¿Qué otorga su diabólico carácter a la disciplina condenada al fuego eterno por el cardenal Cañizares? La educación cívica se imparte actualmente en 15 países europeos; las recomendaciones del Parlamento de Estrasburgo y del Consejo de Europa para la expansión de sus contenidos curriculares -la tolerancia, la igualdad de sexos, el rechazo a la discriminación, la solución pacífica de los conflictos, la condena del racismo y la homofobia, etcétera- contradicen a los obispos exorcistas.

La innovación es criticada o mirada con escepticismo por quienes consideran que el campo propio de la enseñanza son los conocimientos y no los valores. Adela Cortina ejemplifica ese ideal de la escuela neutra con las palabras de mister Gradging en la novela de Dickens Tiempos difíciles: "No enseñéis a esos chicos y chicas sino hechos. Sólo los hechos son necesarios en la vida. No plantéis otra cosa y arrancad todo lo demás". En España, esa actitud se suele manifestar en forma de una burlesca equiparación entre la Educación para la Ciudadanía, inspirada por los principios democráticos y la Constitución de 1978, y la Formación del Espíritu Nacional, impartida por la dictadura franquista para adoctrinar a los escolares en los Principios Fundamentales del Movimiento, pero nunca criticada por la jerarquía eclesiástica. Esa ofensiva homologación es una cantera inagotable de paralelismos no sólo para los columnistas patosos y los tertulianos chistosos, sino también para los dirigentes del PP: tras alardear de su astucia por demorar un año la incorporación de la asignatura Educación para la Ciudadanía a los planes de estudio de la Comunidad de Madrid, la presidenta Esperanza Aguirre defiende el derecho de objeción de conciencia "a lo que es casi, casi, casi, un sucedáneo de la Formación del Espíritu Nacional".