"Son 122.000 euros por el exceso de peso y el exceso de viviendas"

La policía grabó el sonido de tres reuniones en las que el concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande, Gregorio Guerra, pidió al promotor José Burgos que pagara una "compensación al Ayuntamiento" de 122.000 euros por haberle permitido construir 14 viviendas en un solar donde la normativa urbanística sólo permitía cinco.

El primero de estos encuentros se produjo el pasado 7 de noviembre, apenas cuatro días después de que Burgos denunciara el caso en la comisaría de Málaga, testimonio que permitió la apertura de las diligencias judiciales. En dicha comparecencia, el promotor relató que compró la parcela, de 505 metros cuadrados, en 2005 y que había pedido en varias ocasiones licencia para 14 viviendas a las que siempre informó negativamente el arquitecto municipal, hasta que el concejal le llamó y le dijo que le iban a dar permiso para 14 viviendas pero que a cambio tenía que pagar los 122.000 euros, condición que aceptó.

El mismo día que Burgos acudió a la policía había recibido una llamada del concejal que le citó para el día 7 de noviembre y presumió que era para reclamarle el pago. La conversación, según la transcripción que obra en el sumario, se produjo en estos términos:

Concejal. Te he llamado por el tema que ya hablamos la última vez, te acuerdas que nosotros teníamos la obra de allí abajo.

Promotor. ¿De qué?

C. De la compensación que tienes que darle al Ayuntamiento.

P. ¿Cuánto era?

C. 122.000 euros.

P. Y eso... tanto de qué es.

C. Pues de lo que hablamos en su día, del exceso de peso que tiene aquello y del exceso de viviendas. ¿Entiendes o no?

P. Sí, sí. Y aquello según decía el arquitecto decía que aquello era legal todo y que se podía hacer 14 viviendas y todo normal.

C. Sí, pero aún no habíamos tenido el problema que te digo.

P. ¿Qué problema hubo ahí?

C. Todos los problemas que hubo para poder dar la licencia y... las justificaciones que hubo que hacer.

El promotor quedó en consultar con su socio. En la siguiente reunión, el 13 de diciembre, el concejal le apremió al pago y le indicó que se lo tenía que abonar a una empresa a la que el Ayuntamiento le debía una obra.

El 12 de diciembre, el promotor llamó por teléfono al concejal para pedirle el nombre de la empresa, pero éste le indicó que se lo diría en persona, no por teléfono. La policía, que tenía intervenido el móvil del concejal, relata en sus informes como elemento de sospecha las cautelas que éste tomaba para no resolver nunca asuntos por teléfono. La reunión se produjo el 18 de diciembre, pero no quedó registrada por un fallo en la grabadora. El promotor contó a la policía que la empresa indicada era Conextram, propiedad de un íntimo amigo del alcalde, Juan Martín Serón, y cliente de la gestoría de la esposa de éste.

En la siguiente reunión, el 18 de enero, el promotor dijo que su socio no quería pagar, a lo que el concejal respondió: "Voy a pararle la obra y vamos a hacerle una revisión de licencia". E incluso reconoció: "Tampoco es muy legal la licencia que hemos dado allí".

En aquella reunión, el concejal le dijo que había tirado para adelante porque "Juan me dijo que con Pepe no hay ningún problema". La policía interpretó que se refería a Juan Marín Serón. Con aquella grabación, la policía pidió al juez una orden de detención del alcalde y el concejal de Urbanismo, que se produjeron aquel mismo día en la localidad de Marbella, imputados de cohecho y prevaricación.