El juez Torres se despacha

No dio detalles, ni nombres, pero todo se entendió perfectamente. El instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, aseguró ayer que "no es casualidad" que Málaga sea la provincia en la se han dado los casos de corrupción más importantes de España. Los motivos: el crimen organizado se asienta en zonas que les son favorables y en las que haya gente proclive a este tipo de conducta. La benevolencia del Grupo Independiente Liberal (GIL) vino a la mente de todos. Las imágenes se sucedieron durante toda una hora.

El magistrado habló ayer de la corrupción urbanística en los cursos de verano de Ronda. Prometió a sus alumnos que trataría de ser lo más didáctico posible y lo dejó todo bien claro. Le dio tiempo a reclamar más cooperación internacional e instrumentos para que los bancos aporten más información sobre los investigados, apostó por el reclutamiento de arquitectos en las investigaciones y mantuvo que hacen falta juzgados especializados en esta materia. Dejó la timidez fuera del aula e incluso se permitió alguna que otra broma con la figura de los arrepentidos. "No existen, porque nadie se arrepiente", dijo. También se asombró porque a los alcaldes de los ayuntamientos más boyantes les dé por "poner estatuas por todos sitios".

El magistrado lamentó que la sociedad no haya reaccionado aún ante los delitos fiscales

Poco antes del mediodía, el juez concedió su primera rueda de prensa. El motivo era su ponencia y no estaba dispuesto a hablar de otra cosa. En siete minutos respondió a una decena de preguntas de forma escueta. No quiso precisar en qué momento de la instrucción se encuentra el caso Malaya, ni si prorrogará su comisión de servicio en el juzgado nº 5 de Marbella. "Sólo sé que hoy vuelvo a Marbella", dijo. A regañadientes, reconoció que el caso le había "cambiado la vida", porque no puede salir a la calle o ir a comer con su familia con total normalidad, y dijo que la sensación de que "todos los políticos roban" es más una frase hecha que una realidad.

En su charla, en la que estaba previsto que participara uno de los inspectores de Malaya -estuvo entre el auditorio pero habló-, Torres declaró la guerra a las percepciones erróneas de la corrupción. "No se suele vincular un hecho delictivo grave, como un tiroteo con víctimas ajenas o un ajuste de cuentas, a la actividad de blanqueo. Pensamos que es algo aislado, pero todas estas figuras se buscan y terminan asociándose", dijo. El magistrado destacó la importancia de la investigación patrimonial porque "ataca a la base económica" de las organizaciones y las hace desistir cuando ven que negocios, como el tráfico de drogas, no les son rentables.

El magistrado venció el pánico escénico mirando siempre a un mismo punto. Mientras hablaba apenas movía los brazos, que mantuvo apoyados en la mesa. Las mangas de su traje de chaqueta azul dejaron ver un par de pulseras de piel. A pesar de su fama, el magistrado no supera la primera mitad de la treintena.

Habló de los sentimientos contradictorios que puede generar el auge urbanístico en determinados municipios: "Para muchos ayuntamientos resulta difícil resistirse a estas inversiones y cuando las cosas van bien nadie se plantea que hay detrás". Contó que muchos pueblos pequeños ni siquiera tienen capacidad ni preparación para asumir proyectos que les doblan o triplican la población y que, con frecuencia, se confunden los intereses de los empresarios con los de la población.

Los efectos de la corrupción urbanística no tardaron en llegar. "Se cree que no afecta a nuestras vidas, pero si se construye un bloque de 15 plantas en un lugar en el que no estaba previsto puede quitarte las vistas, un parque o el espacio para un hospital (...) El empresario que paga

nunca va a perder dinero. Se podría hacer un estudio sobre el incremento de precio de la vivienda en municipios con corrupción", sugirió.

Poco a poco, fue repasando el papel de cada uno de los miembros de las tramas. "Hace falta que colaboren técnicos, abogados, gestores o asesores que crean una especie de urbanismo a la carta". Las concejalías de Urbanismo se desgajan con la creación de gerencias en las que los servicios jurídicos son externos y los informes se amañan. Los técnicos, "una figura muy difícil de condenar", son nombrados en consonancia con la administración y los cabecillas se rodean de dos tipos de abogados: "el que le defiende y el que le gestiona los fondos".

Repasó también el papel de promotor. "Estos empresarios suelen ser personas aclamadas, valoradas, socialmente reconocidas por el pueblo, que incluso reciben premios por su labor en beneficio de determinadas localidades". El peligro llega cuando "ascienden al mundo de los clubes de fútbol, donde se mezclan intereses deportivos y económicos, se codean con la política y terminan convirtiéndose en alcaldes".

El magistrado se lamentó en varias ocasiones de que la sociedad no haya reaccionado todavía ante el cobro en dinero negro o delitos contra la Hacienda Pública porque cuesta trabajo enmarcarlos como conductas corruptas. "Son percibidas dentro del ámbito administrativo, no como algo penal", añadió. Se quejó de la creencia de que delitos con una pena de dos años de prisión -como construir en una zona ilegal- no lleven a la cárcel, o que a partir de los 70 años "todo el mundo puede delinquir porque no pasa nada".

Al hablar de las investigaciones alabó la creación de equipos multidisplinares (en los que colabora la Agencia Tributaria, Fiscalía y las fuerzas de seguridad) y se quejó de que muchas figuras como la del testigo protegido, el arrepentido o el agente encubierto sólo se pongan en práctica "en el cine". También reclamó una "regulación clara" sobre las intervenciones telefónicas y los registros porque la normativa ha quedado obsoleta y muchas veces deriva en situaciones absurdas.