El alcalde y el edil imputados en Alhaurín fijaron una "tasa de soborno" a promotores

El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, llegaron a fijar una "tasa de soborno" para permitir a determinados promotores de la ciudad construir con mayor edificabilidad de la estipulada en la normativa municipal: 80 euros por cada metro cuadrado autorizado de más y 6.000 euros por cada vivienda extra eran el baremo para las dádivas, según consta en un informe policial en el que se concluye que ambos tejieron una red de corrupción "generalizada" y "prolongada en el tiempo en el municipio malagueño.

Martín Serón y Guerra, ambos del PP, están imputados de presuntos delitos de prevaricación y cohecho. También están encausados 19 promotores, el asesor jurídico y el arquitecto municipal, que con sus informes técnicos favorables a los incrementos de los aprovechamientos urbanísticos, colaboraron en la red, y el propietario de una empresa constructora con el que el alcalde mantiene una estrecha relación y que era la encargada de cobrar los cohechos, siempre en efectivo y nunca a cambio de factura, todo lo más un recibí.

El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales (Udyco) de la Costa del Sol, existen datos contundentes y objetivos que "acreditan, sin ambages, la existencia generalizada, extendida y prolongada en el tiempo, de una situación de evidente corrupción vinculada al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, instalada en práctica habitual de la gestión urbanística llevada a cabo por el tándem formado por el alcalde y su concejal de Urbanismo".

En los registros practicados en el despacho de Gregorio Guerra, la policía intervino un documento manuscritos y un archivo informático, en los que se relacionan una serie de promociones urbanísticas con datos de la superficie del suelo, el índice de edificabilidad aplicable según la normativa municipal, el número de viviendas correspondiente y los finalmente autorizados. Todos ellos con una cantidad de dinero, la inscripción pagado, pagado todo o pendiente y el nombre de una persona o entidad. En el primero de la lista, figuran dos proporciones: 80 euros/metro cuadrado de techo y 6.000 euros/1 vivienda.

Del análisis de todos los proyectos relacionados y su cotejo con los expedientes urbanísticos correspondientes, la policía ha podido concluir que dichas cantidades eran la "tasa del soborno" que el alcalde y el concejal de Urbanismo habían fijado y aplicaban en todos los casos. Y así concuerdan en 14 expedientes analizados por los agentes, en los que se pudieron exigir comisiones por un total no inferior a 700.000 euros, cantidades según la policía no se justifican porque no tienen correspondencia con las tarifas de las licencias de obras.

Un primer ejemplo es el de Juan Burgos, el promotor por cuya denuncia se inició la investigación en noviembre de 2006, y que fue autorizado a construir 14 viviendas en un solar donde la normativa sólo posibilitaba 4,5 y a quien el concejal de Urbanismo pidió a cambio 122.600 euros. El incremento permitido fue de 820 metros cuadrados de techo edificado, que multiplicado por 80 euros suma 65.600 euros, y 9,5 viviendas de más que a razón de 6.000 euros por cada una hacen 57.000 euros. En total, los 122.600 euros exigidos que el concejal de Urbanismo pidió que fueran entregados a Conextram, la empresa de Manuel Márquez, amigo del alcalde que llegó a figurar como suplente en la candidatura municipal del PP y cuya mujer trabaja en la gestoría que dirige la esposa de Martín Serón.

Este mismo cálculo coincide en el resto de proyectos analizados por la policía. En todos ellos aparece además el nombre de la empresa a la que debía abonarse el dinero pedido por el incremento de aprovechamiento. En varios supuestos, según la policía, las cantidades recaudadas tenían como destino una sociedad "vinculada a la mujer del alcalde". Teresa Santos dirige una gestoría que recientemente ha sido registrada por la policía. Cuando Martín Serón fue detenido el 18 de enero, la policía encontró en su vivienda 64.780 euros en efectivo, dinero que el alcalde alegó que era provisión de fondos de empresas clientes de la gestoría de su esposa para la liquidación de impuestos. Un informe policial posterior determinó que la procedencia del dinero no estaba justificada, motivo por el que el juez denegó la devolución del mismo en resolución adoptada el 29 de enero.

Martín Serón y Gregorio Guerra fueron detenidos la tarde del 18 de enero pasado cuando salían de un almuerzo-mitin en Marbella con el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy. Aquella misma mañana, el denunciante, que en la causa figura como testigo, se entrevistó con Gregorio Guerra en el despacho de éste. La conversación fue grabada por la policía con autorización judicial. En ella, el concejal de Urbanismo admitió que le habían concedido una licencia "ilegal" y como Burgos se negó a pagar, le dijo que la iba a parar la obra y hacer una revisión de licencia.

La policía sostiene que hay "evidencias concluyentes sobre la existencia de una situación continuada que ha creado en Alhaurín el Grande una realidad de favorecimiento mercantil por medio de resoluciones municipales en detrimento del propio interés público, a promotores, constructores e inversores que con ánimo de lucro y a cambio de dádivas podían vulnerar la normativa urbanística".