Del Olmo envía a la juez Levert datos de 200 personas por el caso del teléfono de ETA

El juez Juan del Olmo remitió ayer a la juez antiterrorista francesa Laurence le Vert los datos de 200 titulares de teléfonos que han tenido tráfico de llamadas con algunos de los quince o veinte teléfonos de los que la magistrada pedía información y que, a su vez, habrían tenido algún contacto con los etarras Jon Iurrebaso y Kepa Suárez, el primero de los cuales formaba parte del aparato de interlocución de ETA. La maniobra del magistrado al atender ayer la comisión rogatoria francesa deja sin contenido el pleno de la Sala de lo Penal que hoy debía dirimir qué juez era competente para seguir el caso, Del Olmo o Garzón.

Fuentes de la investigación aseguraron ayer que los titulares de esos 200 teléfonos, alguno de los cuales es conocido, no tienen ninguna relación con los contactos con ETA ya que se trata de números que habrían tenido tráfico telefónico con otros números que previamente habrían tenido tráfico con otros teléfonos identificados a raíz de las dos únicas llamadas realizadas por Iurrebaso. A pesar de ello, los investigadores han querido proporcionar todos los datos a la justicia francesa para que se vea que no quieren ocultar nada.

El hecho de que el juez Del Olmo contestase a la juez Le Vert tan pronto como recibió los datos proporcionados por Interior, deja sin contenido el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia que, precisamente hoy, debía de dirimir si la comisión rogatoria francesa la debía de tramitar Del Olmo o Garzón.

La Sala, sin embargo, se plantea resolver el asunto entre una de estas dos opciones. La primera, declarar que el conflicto de competencia ha quedado sin contenido y dejarlo ahí. La segunda, resolver que, efectivamente, el asunto ha quedado sin contenido, pero que, no obstante, el pleno establecería a quién consideraría como juez competente como interpretación de la norma para el futuro.

Además, el juez Garzón ha requerido a Del Olmo, con el apoyo de la fiscalía, para que se inhiba en otro proceso. Se trata de las diligencias previas que Del Olmo abrió tras deducir testimonio de los documentos remitidos por la juez Le Vert y que se refieren a delitos de falsificación de placas de matrícula en España, robo de vehículos y falsificación de documentos. Estos delitos fueron cometidos en España, desde donde se facilitaba infraestructura a Iurrebaso y Suárez, por lo que pueden ser perseguibles por la Audiencia Nacional.

Informe de la fiscalía

Ayer, la fiscalía informó a Del Olmo que debe remitir este último caso a su colega Garzón y varias fuentes de la Audiencia Nacional eran contradictorias sobre si Del Olmo accedería o no a hacerlo. Sin embargo, el Pleno de lo Penal no puede pronunciarse sobre este asunto, puesto que Del Olmo no ha contestado todavía al requerimiento de Garzón.

Iurrebaso y Suárez fueron detenidos el 29 de marzo en Périgueux (Francia) después de que se hubieran saltado un control policial. Los dos terroristas fueron capturados cuando intentaban destruir una serie de documentos en un bosquecillo.

Iurrebaso se identificó como integrante del aparato de interlocución de la banda terrorista, mientras que Suárez estaba procesado y en busca y captura por formar parte del aparato de captación de nuevos militantes para ETA.

Tras comunicarle la detención, el juez Baltasar Garzón remitió una comisión rogatoria a Francia en la que reclamaba toda la documentación incautada a los etarras por considerar que se trataba de hechos conexos con las investigaciones que ya estaba realizando. Pero Le Vert, a su vez, mandó una petición de auxilio judicial en la que recababa datos y tráfico telefónico de unos 15 o 20 números que habían tenido contacto con los dos a los que los etarras habían llamado.

Le Vert remitió también una serie de documentos sobre una serie de delitos que han tenido su origen en España, como las falsificaciones y las sustracciones de vehículos mencionadas.

Especulación sobre las actas

Al mismo tiempo, debido a la naturaleza de interlocutor de Iurrebaso y a pesar de que participar en contactos con ETA no es delito como ya estableció el Supremo en el caso de Carod Rovira, se produjeron especulaciones relativas a que la juez había remitido unas supuestas actas de la negociación entre ETA y el Gobierno que presumiblemente le habían sido intervenidas al etarra en el momento de su detención. Fuentes de la investigación han negado que la juez haya remitido nada ni parecido a las supuestas actas si es que realmente hubieran sido incautadas.

La pugna de los jueces de la Audiencia por quedarse con el caso ha alimentado aún más las especulaciones. Habrá que esperar a ver si la juez francesa se conforma con los datos suministrados por Del Olmo o envía nuevas peticiones de auxilio judicial. También habrá que ver cómo actúan a partir de ahora los magistrados implicados en el asunto.