La Audiencia deja sin efecto la reclamación de Garzón sobre el caso del teléfono de ETA

El pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado hoy por unanimidad dejar sin efecto la cuestión de competencia planteada por Baltasar Garzón para hacerse cargo de la investigación, solicitada por Francia, sobre los contactos del supuesto negociador de ETA Jon Iurrebaso con el Gobierno. Por tanto, será el juez Juan del Olmo el que siga con la instrucción de este caso, aunque ya ayer atendió la petición francesa y envió la información de que disponía sobre el etarra, detenido en marzo.

La juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert remitió esta semana una comisión rogatoria (petición de información) a la Audiencia Nacional para conocer los titulares de varios teléfonos con los que el supuesto terrorista habría tenido contacto en España. Al ser detenido, Iurrebaso dijo pertenecer al aparato de interlocución de ETA con el Gobierno y para demostrarlo enseñó varios números telefónicos, uno de un alto cargo francés.

La jueza envió la comisión rogatoria para investigar esos contactos y fue Del Olmo quien se hizo cargo en un principio. Pero el juez Garzón pidió a Del Olmo que se inhibiera en su favor, ya que el primero investigaba un caso relacionado y ante la negativa de Del Olmo planteó una cuestión de competencia. Ayer el juez Del Olmo le remitió a la jueza francesa datos de 200 titulares de teléfonos que habían tenido tráfico de llamadas con algunos de los 15 o 20 números sobre los que la magistrada pedía información, con lo que dejaba ya sin efecto el pleno de hoy.

No obstante, el pleno se ha celebrado y en un auto unánime de sus 15 magistrados y el presidente de la sala, Javier Gómez Bermúdez, considera que "no existe cuestión de competencia", ya que no hay duda de que ésta corresponde a la Audiencia Nacional al tratarse de un caso de terrorismo, "sino discrepancia sobre la norma de reparto aplicable y su interpretación". Por tanto, el pleno acuerda que no procede "pronunciamiento sobre la controversia" en relación con la comisión rogatoria internacional solicitada por la juez Le Vert.

El auto explica que de acuerdo con la norma undécima del procedimiento de reparto de los Juzgados Centrales de Instrucción, "las dudas" sobre la aplicación e interpretación de las mismas corresponde resolverlas al decano de los jueces, Ismael Moreno, y que contra su resolución cabe un recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El pleno de la sala de lo penal también considera que no procede "pronunciamiento alguno" sobre la competencia de las diligencias previas que abrió Del Olmo después de recibir la información de la juez francesa referida a delitos cometidos en España de falsificación de placas de matrícula, robo de vehículos y falsificación de documentos, imputados a Iurrebaso y Kepa Suárez, detenido junto a él.